Retención indebida de aportes

El déficit previsional es político

El Ejecutivo tiene la facultad de retener de manera compulsiva los aportes que los intendentes se niegan a transferirle a la Caja de jubilaciones, pero también puede denunciar la retención indebida, sin embargo algunos intendentes creen que están al día porque existe el fondo de intransferibilidad del sistema. ¿Qué dice el Tribunal de Cuentas?

  • 13/08/2018 • 11:32

La semana que pasó, los diputados Javier Flores y Cesar Ormeño presentaron un proyecto para achicar el aporte solidario que hacen algunos jubilados santacruceños y que fue establecido en el año 2010 durante el Gobierno de Daniel Peralta. La iniciativa se suma a otra de la diputada Gabriela Peralta que pide directamente su eliminación.

Al margen del avance que pueda tener o no el planteo, lo cierto es que no apunta a buscar una solución al problema de fondo, que en lo inmediato si traería alivio a la caja de jubilaciones, como es el hecho de que todos los intendentes y comisionados de fomento están haciendo una retención indebida, cosa que se sabe, es delito.

Desde hace más de dos décadas que el Poder Ejecutivo no obliga a los mandatarios del interior y de esta capital a transferir los aportes a la Caja de Previsión. El último registro que existe persiguiendo el cobro es de la Caja de Previsión y data del año 2008, una década atrás.

Sólo en lo que va del Gobierno de Alicia Kirchner, las localidades acumularon una deuda que superó los $3.200 millones. El último dato se conoció en abril cuando el ministro de Economía, Ignacio Perioncioli y la titular de la CPS, Silvia Bande, informaron que desde diciembre a ese mes, la deuda total llegó a los $3.112.497.770,86 desde diciembre de 2015 a abril de este año.

En forma mensual, entre todos los comisionados e intendentes tendrían que transferir a la caja de jubilaciones unos $121 millones, entre aportes y contribuciones, pero no sucede. Por ejemplo, si los aportes se hubieran transferido en abril,  hubiese alcanzado para los $92.493.597,01 del pago a jubilados y jubiladas municipales (3.741 personas)

El 25 de abril del 85’, a través de la ley 1782 (sistema previsional santacruceño) se estableció una moratoria para las comunas y comisiones, en donde la Tesorería General -a sola comunicación- tenía que retener los aportes. Sin embargo en diciembre del 87´, el mismo día que Arturo Puricelli dejaba el Gobierno,  se abrió una nueva moratoria que le dio hasta 18 cuotas mensuales a los intendentes.

El 1 de diciembre de 1990, el intendente de Río Gallegos, Néstor Kirchner, y la provincia firman en Piedra Buena un acuerdo para que el Ministerio de Economía se encargase de transferir los aportes de la capital, pero fue el único municipio.

En un estudio que el gobierno de Santa Cruz encomendó a una consultora en 2013, se lee una crítica contundente al Tribunal de Cuentas, al que acusan de no haber “observado” nada respecto del “delito” en el que caen los mandatarios que no transfieren los aportes del personal.

“Ha resultado muy difícil encontrarse con información de los municipios, pero también con la que debe poseer el Tribunal de Cuentas, pues en más de dos décadas algunas rendiciones de cuentas de las comunas debieran haber estudiado y dictaminado”, se lee.

Ocho años más tarde de la última moratoria, se sancionó la ley 2401 que hoy es uno de los argumentos al que muchos intendentes echan mano para decir que sí aportan a la CPS: el Fondo Especial para el Financiamiento de la Efectiva Intransferibilidad de la Caja de Previsión.

Ese fondo creado en el 95’ se basa en una fórmula de distribución de la recaudación provincial en la que un 20% iba a parar a la Caja, con la única finalidad de evitar su armonización.

En septiembre de ese año, la entonces diputada provincial Cristina Fernández  decía en una sesión que “es delito hacerles el descuento a los trabajadores para aportes jubilatorios y no ponerlos, es delito…no aportar a la Caja está penado.

En julio del 97’ se judicializa la situación de los intendentes y comisionados por no transferir los aportes. Fue por la denuncia del diputado radical Felipe Silba. La deuda era de $536.498.09 y pese al fallo, Río Gallegos, Tres Lagos y Lago Posadas no acataron.

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Hasta abril había 3.741 personas jubiladas en los municipios y comisiones de fomento.

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