El Sindicato de Comercio presentó el primer amparo contra el recorte a las asignaciones

Por Sara Delgado

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos, Claudio Silva, interpuso ayer un recurso de amparo contra el Estado nacional para que se declare inconstitucional el Decreto 702/2018 que establece un recorte en las asignaciones familiares.

El amparo cayó en el Juzgado de Río Gallegos, subrogado por el camarista Javier leal de Ibarra, que en el último tiempo marcó una severa postura contra la Intervención de Cambiemos en YCRT, y retrotrajo una veintena de despidos, para asegurar el “carácter alimentario” de sus hijos.

El escrito sostiene que la decisión de Mauricio Macri resulta “violatorio del derecho humano a la seguridad social al contravenir la obligación internacional de progresividad en la protección de los derechos humanos que impide menoscabar los derechos existentes” en esa materia.

También resalta sobre el decreto de Cambiemos, “resulta violatorio del principio de dignidad de las personas reconocido en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 1° Declaración Universal de los Derechos Humanos; y Preámbulos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, como así también de toda la normativa nacional e internacional”.

Ayer, el ex diputado Mauricio Gómez Bull, que en el último tiempo se recibió de abogado, explicó los alcances del amparo en el que patrocina al sindicato mercantil.

“Los trabajadores tienen un derecho adquirido que se reduce de manera ilegítima e irracional, no pueden ir hacia atrás las conquistas sociales” dijo, con la expectativa de que el amparo genere un efecto contagio en la región y que, por lo menos en Chubut, tuvo al gobernador, Mariano Arcioni, presentando otro amparo contra la reducción del beneficio diferencial para la zona cuatro.

El día anterior, el senador por Cambiemos, Eduardo Costa había dicho en Tiempo FM que se desmarcaba totalmente de la decisión del Gobierno nacional, y que iba a plantear el tema en el Congreso, pero no explicó cómo.

Ya el lunes un grupo de diputados patagónicos, entre ellos Máximo Kirchner, presentaron un proyecto para que el decreto quede sin efecto, y ahora se suman los amparos.

“Esto tiene que hacer reaccionar al Ejecutivo nacional y a la gente también, es importante que vean cómo se están pisoteando sus derechos. Últimamente veo a muchas autoridades hablando del pico para afuera, pero lo que necesitamos son acciones concretas” recriminó Gómez Bull.

El Decreto 702/18 que se conoció el viernes modifica los montos de las asignaciones familiares en las cuatro zonas afectadas, entre ellas la que comprende a Santa Cruz, sumando una población de 449.409 casos.

En promedio, los beneficiarios de Santa Cruz pierden $1.800 (66%) , dinero que multiplicado por la totalidad de los sujetos de derecho, deja de circular en la económica local.

Otra cuestión aún más feroz es la quita de las asignaciones a los trabajadores que tengan en blanco menos de $2800. Antes, cualquier trabajador que figurase con un sueldo de al menos $200 cobraba asignaciones familiares, pero Cambiemos elevó el piso y bajó el techo.