Cómo será el impacto de la eliminación del Fondo Soja en los municipios

El Gobierno nacional se va a quedar con buena parte de las transferencias federales al tiempo que le pide a Santa Cruz que afile la tijera, en lo que pareciera ser una suerte de dominó que se lleva puesta cualquier posibilidad de que los números provinciales salgan del rojo en el mediano plazo.

Por estas horas todo el arco opositor se alineó detrás del senador Eduardo Costa, blandiendo gacetillas que no se quieren quedar pegadas con las decisiones de un poder más centralista que nunca.

Ya pasó más de una semana desde que autoridades del Ministerio de Hacienda e Interior le dijeron al ministro de Economía, Ignacio Perincioli, que pueden quitar el incentivo docente, el subsidio la transporte, transferir la inversión en el calendario de vacunaciones o eliminar el Fondo Federal Solidario.

Apenas horas después de que Cambiemos publicara el Decreto 702 con el que golpeó fuertemente a más de cien mil niños patagónicos a los que les redujo, y en algunos casos sacó las asignaciones que paga la Anses, el diario La Nación publicó que el gobierno de Mauricio Macri también “le quita” el fondo sojero a las provincias.

Todo este combo de ajuste pone a las provincias en una situación claramente desventajosa porque se da en conversaciones para “acordar” el Presupuesto 2019. Sin embargo, en el caso de Santa Cruz, que denuncia no tener obra pública nacional en pie y que todavía no logró que la Nación cumpliera con acuerdos firmados, como por ejemplo el pago del bono compensatorio por el consenso fiscal, que no vio avances en el Fiduciario, no se alimentan expectativas sobre la ley para el año que viene.

Hasta el año pasado, el Fondo Federal Solidario estaba presupuestado pero Cambiemos decidió convertirlo en transferencias de carácter extrapresupuestario.

El Fondo Federal Solidario fue creado en 2009, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner todavía tenía un frente abierto con el campo, que el año anterior había sostenido un paro por 128 días.

El Decreto 243 estableció que se coparticipaba el 30% de las retenciones a las exportaciones a la soja, para que las provincias pudieran financiar “obras  que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales”.

A su vez, los municipios recibirían el 30% de lo que llegase a Santa Cruz a través de la coparticipación; pero de nuevo, no puede usarse en gastos corrientes.

Durante el mes de mayo, la Provincia recibió $49 millones de Fondo Soja y le coparticipó a los municipios y comisiones de fomento $14.7 millones (sumando otros ítems las transferencias superaron los $400 millones).

De ese 30%, la administración de Roberto Giubetich se quedó con $4.4 millones (el 29.8%), a Caleta Olivia llegaron $2.4 millones (16%), a Pico Truncado fue $1 millón (6,8), a El Calafate  $951 mil, (6.4%), $554 mil para San Julián (3.7%) y $1 millón para Las Heras (6.8%).

En una proyección anual, si se estima que en promedio entran a Santa Cruz unos 30 millones mensuales, la Provincia perdería más de $360 millones, mientras que la quita para la capital santacruceña seria superior a los $26 millones o mayor a $16 millones para la ciudad del Gorosito.