Santa Cruz registra más de 700 egresos hospitalarios por aborto al año

Por Sara Delgado

Mientras el Senado se prepara para avanzar en una semana decisiva antes del dictamen para la votación del 8 de agosto, en la provincia de Santa Cruz la pelea del movimiento de mujeres por la legalización del aborto se da en el terreno de la salud pública.

Organizaciones como “La Ola” en Puerto San Julián tuvieron que pedirle a la ministro de Salud y Ambiente, Rocío García, que interviniera luego de que la directora del hospital promoviera la campaña “No cuenten con nosotros” e hicieran circular una planilla consultorio por consultorio, para que los médicos firmaran su rechazo al proyecto.

En la misma trinchera están las Mujeres Autoconvocadas de Puerto Santa Cruz, denostadas por el sector antiderechos después de haber puesto pañuelos verdes en el Mausoleo del primer gobernador del Territorio Nacional de Santa Cruz, Carlos Moyano. También ellas le van a pedir por nota a las autoridades de la salud pública que expliquen cómo cumplen con el protocolo del aborto no punible. 

En El Calafate está el Frente de Mujeres Juana Azurduy, que semanas atrás le presentó un escrito al interventor del SAMIC, Gastón Ortiz Maldonado, para que dijera cuál es la situación de la ginecóloga “pro vida”, Claudia Callejas, que tiene una causa en la Corte Suprema por el caso conocido en Tucumán como “María Magdalena”, a quien le practicó un legrado sin anestesia y después hizo interrogar por la policía en sala de partos, tras un aborto espontáneo.  

En Caleta Olivia, el ingreso a la provincia y la segunda localidad con mayor población, la negativa al aborto es un hecho que salió a la luz este año, cuando dilataron cuanto pudieron el aborto por causales a una mujer, que además era víctima de violencia doméstica. La práctica no se hizo sino hasta después de que las organizaciones feministas lo hicieran público.

En la capital riogalleguense todo el plantel del Hospital Regional es objetor, lo que hace prever que el acceso a la práctica no está garantizado aun sí el derecho a decidir es ley. 

“La objeción de conciencia pretende salvaguardar las más íntimas y arraigadas convicciones éticas o morales del individuo que podrían verse vulneradas por la ley. Sin embargo, las personas jurídicas, como clínicas y hospitales, no tienen convicciones morales o éticas” se lee en un documento que publicó ayer el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

Por otra parte, en Santa Cruz la Iglesia Católica no tiene un peso específico, pero sí el obispo Miguel Angel D’Annibale -que deja la Patagonia para irse a la Diócesis de San Martín-, tuvo una activa militancia en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Participó de spots, marchas y se ocupó de replicar los dichos del Papa Francisco durante la misa del 9 de Julio al hablar de “exterminio”. Ya en la previa de la votación en Diputados, D’Annibale salió con un video donde pidió “que piensen y voten a conciencia el cuidar toda vida y también el generar proyectos para que se pueda acompañar la vulnerabilidad de muchas mujeres, a veces muy jóvenes, que necesitan este cuidado”.

A esto se refieren los investigadores del Conicet y doctores en Sociología y Derecho Constitucional, Juan Marco Vaggione y Mariela Puga, cuando hablan de los “juristas confesionales”, aquellos que “se auto-atribuyen la defensa de la familia y de la vida, cuando lo que en realidad están defendiendo es una moral sexual ligada a la reproducción” y que un indicador clave para reconocerlos, es “que los que ayer activaron contra el reconocimiento de todos los derechos sexuales y reproductivos son los mismos que hoy se oponen a la legalización del aborto. De manera tal que hoy se sitúan en el lugar paradójico de disimular décadas en lo que ellos mismos han dificultado (sino imposibilitado) la existencia de las soluciones que hoy proponen para evitar al aborto: educación sexual, acceso a anticonceptivos, campañas de educación”.

En Santa Cruz podría decirse que son mucho más concurridos los cultos evangélicos, desde donde militan fuertemente porque el aborto no sea ley. Los grupos del pañuelo celeste fueron a escuelas, a los asentamientos, a los medios y congregaron en plazas llevando la promesa de que si la ley sale, los médicos que se nieguen a hacer abortos van a perder su trabajo.

En el ámbito de la Legislatura la cosa también se pone difícil. Hace poco un grupo  de asesoras y prenseras decidió hacer una entrega de pañuelos verdes a minutos de que comenzara la sesión. Como resultado, sólo seis parlamentarios y el Vicegobernador aceptaron el pañuelo de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, los únicos dos médicos diputados lo rechazaron y ninguna de las diputadas lo quiso.

Pero ¿Cómo venimos de abortos?

Un estudio del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) y el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) muestra que en Santa Cruz se registraron 715 egresos hospitalarios por abortos.

Los datos corresponden a anuarios de estadísticas vitales de la Dirección de estadísticas e información de Salud, al Ministerio de Salud de la Nación (2016) y al registro de egresos de establecimientos oficiales por diagnóstico.

A nivel nacional, el documento sostiene que la cantidad de mujeres en edad fértil, es decir entre los 10 y los 45 años es de 11.071.218, con un total anual de 43 muertes maternas por aborto -5 de ellas tenían entre 15 y 19 años- y 49 mil egresos hospitalarios por abortos.

Según estos datos, en Santa Cruz tenemos 78.826 mujeres en edad fértil, dos muertes maternas por año y una tasa de mortalidad materna del 3,3 por ciento.

Los egresos hospitalarios por aborto en Santa Cruz fueron 715, un número muy parecido al de embarazos entre las adolescentes de la provincia, que registran una tasa del 13,6 por ciento, de los cuales el 70,8 por ciento no fueron deseados. Adentro de ese grupo, hay 16 nenas que fueron obligadas a ser madres antes de los 15 años.

Según fuentes consultadas, no habría en el ámbito del Consejo Provincial de Educación, estadísticas sobre la deserción escolar vinculada al embarazo adolescente. Si bien es cierto que existen las leyes 25.808 para que los cuerpos gestantes puedan seguir estudiando, en la provincia no hay espacios en los que se facilite el cuidado de los hijos.

El informe pone a la provincia entre las que cuentan con la aplicación del aborto no punible para los casos de violación, inviabilidad del feto o cuando está en peligro la salud de la mujer, algo que en teoría es cierto porque hay adhesión a la Ley.

El informe dice que el protocolo de aborto no punible que se aplica en los hospitales santacruceños “no contiene aspectos que pueden actuar como barreras para el acceso al derecho” y reconoce que esta provincia también adhirió al Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

Tanto en embarazo adolescente, que está por debajo de la media nacional del 15 por ciento, como en egresos por abortos, Santa Cruz no muestra grandes números, pero en una comparación con la vecina Chubut, donde casi se duplica el número de mujeres en edad fértil (145.168), el total de egresos hospitalarios por aborto fue de 722, apenas siete más.