Mientras Giubetich lo niega, Prades insiste con que la Nación le pidió echar 1500 municipales

El Intendente de Río Gallegos, también de Cambiemos, todavía lo niega. A propios reconoce que ese fue el pedido que le hizo el poder central a comienzos de la gestión, en un municipio con más de 4000 trabajadores.

Giubetich dijo que “restructuró”, que los que se fueron eran “ñoquis”, incluso “gente que vivía fuera de la Provincia” y a juzgar por la ausencia de protestas por despidos, puede que haya sido así.

El Intendente no dice que le hayan pedido despidos, pero sí este año vino con la idea del retiro voluntario, un proyecto que hoy está en manos del Concejo Deliberante, básicamente porque primero debe el Municipio adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal a la que se tuvo que someter la Provincia.

Sucede que el 70 por ciento de los retiros voluntarios son financiados por el Estado nacional, que no va a poner un peso si acaso se trata de empleados de  municipios que están por fuera del pacto de ajuste.

“La ley de jubilación nacional es totalmente distinta a la provincial. Allá se jubilan los mayores de 65 años y acá los que tengan 30 años de servicio, sin límite de edad”, observó el Intendente en una entrevista que dio el mes pasado a Tiempo FM.

A comienzos de gestión, y por impulso del sindicato que conduce Pedro Mansilla, se propuso una  comisión entre el Ejecutivo, el Deliberante y el SOEM para censar a los trabajadores y verificar “quienes son los ñoquis, para tomar las medidas pertinentes”, habían dicho.

En el caso de Caleta Olivia, el Deliberante dijo que el Intendente les negó sistemáticamente el acceso a esa información, frente a los rumores de ingresos que se habrían dado en planes sociales durante esta gestión.

Hay que recordar que la ciudad de Zona Norte recibe fondos específicos para hacer frente al pago de esos salarios, que en un principio llegaban a través del fondo UNIRSE.

En ambos municipios hay actualmente una situación de conflictividad por reclamos salariales, con protestas y medidas sindicales que van entre el quite de colaboración al paro total.

También en ambos municipios sus intendentes coinciden en deslizar que detrás de las huelgas hay actores políticos. En el caso de Prades, parece acusar a sectores vinculados al senador Eduardo Costa, mientras que en el caso de Giubetich, acusa al sector de Pablo Grasso. Sin embargo, son las paritarias las que no terminan de cerrarse y sostienen el clima de conflictividad.

En las últimas horas, Prades habló del tema asegurando que “las decisiones las toman algunos actores políticos de la comunidad, a las claras buscan que no se trabaje. Hay mucha gente con compromiso con su trabajo y hoy se ve hostigada por la actitud de esta gente que lo quiere es que no se trabaje”.

En declaraciones al portal Voces y Apuntes lamentó que no se les permitió recaudar durante cuatro días, por conductas “direccionadas que pasan particularmente en nuestra localidad por la llegada de otros actores políticos” pero que, sin embargo, “la orden que había era despedir a 1500 trabajadores y hemos hecho un esfuerzo muy grande”.

Tiempo atrás, Lucas Delfino, el hombre que se ocupa de las relaciones con los municipios en el Ministerio del Interior, había dicho que el caso de Caleta Olivia es “lo más obsceno de los 1200 municipios del país” y desmintió a Prades, que por entonces había dicho en Tiempo FM que el poder central lo “obligaba” a despedir a entre 2500 y 1500 empleados”.