Qué significan y cómo impactan los acuerdos de responsabilidad fiscal

La palabra consenso fiscal no es nueva, pero en los últimos dos años y medios comenzó a utilizarse más de lo habitual. Primero comenzó con el acuerdo para que la Nación le devuelva en un plazo de cinco a las provincias el famosos 15 por ciento de la recaudación que iba a la Anses.

Ya en noviembre de 2016, las provincias –excepto San Luis- firmaron con la Nación un acuerdo comprometiéndose a reducir la presión tributaria mediante la disminución, hasta la eliminación total, de sus dos principales fuentes de recaudación: Ingresos Brutos y Sellos.

Unos meses después, las provincias –menos San Luis y La Pampa- firmaron la Ley de Responsabilidad Fiscal, que limita el crecimiento del gasto primario al aumento del Índice de Precios al Consumidor.

Transferencias- El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2019 el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios. Lo hizo modificando el destino del 70 por ciento de lo recaudado, que pasó a recibir la Anses, en lugar del Tesoro Nacional. En compensación se eliminó el Art. 104 de la Ley de Impuesto a la Ganancias. De esta forma, el 20 por ciento de la recaudación por ese tributo volvió a la coparticipación.

Ayer, en un informe publicado por el diario Página 12 se sostiene que si las provincias no aceptan ajustar personal y gastos, o rechazan las condicionamientos que impone el FMI, se les retiraría la parte proporcional que les corresponde por la transferencia de Ganancias. Esto se sumaría al ajuste que ya se viene realizando desde este año en las transferencias no automáticas. TiempoSur publicó hace no muchos días atrás que Santa Cruz pasó a recibir del 30% por este concepto a menos de 10%.

Reducción del déficit y obra pública- Ahora bien, en el Acuerdo de Responsabilidad Fiscal las provincias se comprometieron a alcanzar en 2017 un déficit financiero de 87.404 millones de pesos (0,9 por ciento del PBI). La meta para este año: 44.775 millones (0,4 por ciento del PBI).

Pero además, la Nación pretendería que las obras de viviendas, redes de gas, cloacas, rutas y puentes se financien en su mayor parte con recursos provinciales. El Gobierno nacional se haría a cargo de las rutas nacionales licitadas bajo el esquema de Participación Pública y Privada (PPP). Es cierto que en Santa Cruz hay que hacer una salvedad: la obra de las represas hidroeléctricas.

En el caso santacruceño, es cierto que la recaudación en transferencias automáticas viene mejorando al igual que los ingresos por recaudación provincial, lo cual sin dudas es un fuerte aliciente a las arcas pero que lejos están aún de ser óptimas en un contexto nacional más que complicado para las provincias. (Fuente: TiempoSur, Página 12).