La imputación a dirigentes levantó polvareda

En la víspera este diario dio a conocer en exclusiva que la titular del Juzgado de Instrucción Nº3 Rosana Suárez, imputó a Diego Barrionuevo, de ADOSAC, Juan Manuel Valentín, ex candidato a gobernador del Partido Obrero, y a Hugo Jerez, referente de la asociación de trabajadores de la salud, por los disturbios que tuvieron lugar la noche del 21 de abril de 2017, cuando una protesta por pagos retrasados derivó en un intento de ingreso a la Residencia Oficial, donde se encontraban la gobernadora Alicia Kirchner, la ex presidenta Cristina Fernández y su nieta Helena, de 18 meses.

Ayer por la mañana, Hugo Jerez le dijo a Tiempo FM que estaba “sorprendido” por la imputación, aunque aclaró que si esa noche estuvo en la Residencia fue “participando del reclamo afuera y para evitar que hubiera algún desmán. Fuimos a evitar que haya un choque entre la policía y los trabajadores” pero que además se ocupó de vigilar que no hubiera “infiltrados por parte del Gobierno, gremios que tienen que ver con el Gobierno o desocupados que provoquen algún desmán”, marcando que “algo de eso hubo”.

Tras cartón, la ADOSAC mandó un comunicado en el que repudiaron la imputación de Diego Barrionuevo, denunciando que la decisión de Suárez “tiene un claro objetivo desmotivador de reclamos y aleccionador hacia los demás sectores que quieran enfrentarse con el poder”.

El espacio asegura que son víctimas de una “persecución sistemática” que incluye “sumarios, aprietes, etc.”.

En otro comunicado que hizo la CTA Santa Cruz, aseguraron que la jueza Suárez “tiene hace muchos años, durmiendo en un cajón, la denuncia por la retención de los fondos sindicales a la ADOSAC que ya implica decenas de millones de pesos, es la que ahora pretende criminalizar a honestos luchadores sociales”. Mencionaron que se pretende criminalizar la protesta y que la Jueza actúa de manera “parcial y vinculada a las necesidades políticas del Ejecutivo Provincial”.

Quien también hizo declaraciones ayer fue el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, que además impulsa la causa con el patrocinio de Emilio Monzó. Para él "no es una judicialización de la protesta" ya que se trata de "un delito cometido por una serie de personas contra la Residencia. En un ataque masivo que tenía a cincos mujeres encerradas".

Luego de asegurar que "el que comete un daño, lo tiene que pagar", Tanarro advirtió que “hay una diferencia muy grande entre una protesta y un delito" pero que la causa no persigue a los gremios  sino “a las personas que pudimos identificar y quedan otras personas identificadas que no se han dado los nombres", aclarando que los imputados “ingresaron a la Residencia y no estaban en la calle. Están las fotografías y están las filmaciones”.