Legislativas sororas y un pañuelazo que dejó en offside a varios diputados

Por Sara Delgado

Si el tiempo va a reconocer un debate auténtico que tuvo la Argentina, sin dudas va a ser el que se está dando por la legalización del aborto.

Desde el 6 de marzo que se presentó el proyecto de ley, el envión que tomó un tema por el que venía peleando históricamente el feminismo, y desde hace 33 años está a la cabeza de los encuentros nacionales de mujeres, que se habló en los barrios, el colegio, la peluquería, el trabajo y las más de 700 audiencias en el Congreso, no fue otro sino aquel que va a permitir que las mujeres dejen de abortar en la clandestinidad y que la práctica pase a ser un asunto de salud pública.

Ya costó bastante conocer qué iban a hacer los diputados nacionales, que se reservaron el voto hasta último momento, en una definición que de Ramón Santos para acá terminó con Roxana Reyes, Máximo Kirchner y Juan Vásquez apoyando la despenalización del aborto, frente a Antonio Carambia y Nadia Ricci a favor de la clandestinidad de la práctica.

De ahí para acá, silencio stampa. Nadie escuchó a los diputados provinciales referirse al tema, algunos porque quizás aún no se definieron, tal vez otros porque no quieren asumir el costo político de una definición, y estarán los que especulan con la idea de no tener injerencia en lo que vaya a suceder en el Congreso.

Pero sucede que el ‘no me meto’ no cabe en el lenguaje del movimiento de mujeres más apabullante del que se tenga registro, que atravesó gobiernos, partidos y bloques porque es esencialmente ideológico. Por eso este jueves, un grupo de trabajadoras legislativas de distintos espacios fue a la Cámara con los pañuelos verdes, que repartió obligando a una definición.

La media sanción en la Cámara Baja no anticipa lo que pueda suceder en Senadores, y menos ahora que la vicepresidenta Gabriela Michetti metió el proyecto en tres comisiones para que se vote recién el 8 de agosto.

También en respuesta a eso la militancia a favor de la interrupción voluntaria del embarazo que en nuestro país significa alrededor de entre 350 mil y 500 mil practicas al año y 49 mil  hospitalizaciones por complicaciones en los abortos inducidos, se hizo todavía más fuerte, incluyendo a las empleadas y asesoras de los diputados provinciales.

“Hace unos días que nos empezamos a movilizar con este tema y a encontrarnos primero con la mirada, después con la charla de unas cuantas y unos cuantos que estamos obviamente a favor de la interrupción voluntaria”, cuenta una de ellas, que pidió dejar su nombre en reserva, asegurando que la movida es trasversal en términos políticos.

Las legislativas sororas dicen que es posible separar sus diferencias partidarias y entre los bloques, con el objetivo de generar consciencia entre los diputados y diputadas de Santa Cruz.

“Nos encontramos con que son más los que no están a favor ni quieren expresarse, de los que sí”. Y por eso el jueves cuando empezaron a repartir pañuelos, lo que pasó dejó en claro que si de esta Legislatura dependiese, la IVE no es ley.

Pasó que los que aceptaron el pañuelo verde estaban convencidos: Ahí estaban Matías Bezi, Alberto Lozano, Santiago Gómez, Sergio Bucci, Carlos Santi, Matías Mazú y Darío Menna, al que se agrega al vicegobernador, Pablo González, que lo ató a su micrófono.

De los que integran el grupo que no aceptó el pañuelo se desprenden dos cosas: en ese grupo estuvieron las diputadas y, además, los dos únicos médicos que hay en la Cámara, Javier Flores y Claudio García, apoyando que la práctica siga siendo insegura.

Hay que recordar que el proyecto que tiene media sanción establece que el Código Penal siga teniendo las tres causales para el aborto no punible, (inviabilidad del feto, violación o riesgo de vida para la madre) pero se va a permitir que la interrupción del embarazo sea un derecho también para quienes lo requieran hasta la semana 14.

La mujer que quiera abortar deberá tener una respuesta que como máximo podrá tardar cinco días en el hospital o clínica a la que concurra, en donde le tienen que dar información sobre el método pero no podrán pedirle ninguna autorización judicial.

Los sanatorios y hospitales pueden llevar un registro de objetores de consecuencia, pero nunca podrán negarle a la mujer la práctica.

El proyecto incluye a las menores de edad y dice que si la adolescente o niña es menor de dieciséis años, la interrupción voluntaria del embarazo se debe realizar con su consentimiento informado.

En este punto, sería interesante que los diputados pudieran conocer datos duros respecto de los embarazos no deseados en las adolescentes. Según un informe de Amnistía Internacional, en el año 2013 hubo en Santa Cruz 34 niñas menores de 15 años que parieron un hijo, y otras 855 chicas de entre 15 y 19 años fueron madres.