Fauna urbana

"Una nueva ordenanza no soluciona la problemática"

Proteccionistas iniciaron una fuerte campaña por la derogación de la ordenanza municipal de Tenencia Responsable y lograr el veto además de la última legislación aprobada sobre el control de la proliferación de perros. Junta de firmas contra la "ordenanza de Scippo", e insistencia por las castraciones gratuitas y mantenidas en el tiempo.  

  • 21/06/2018 • 12:49
"Por la situación de la ciudad se requieren un mínimo de 50 castraciones diarias", afirmaron. (J. C. C)

Desde Tribuna Ambiental y Proteccionismo Independiente Río Gallegos iniciaron una fuerte campaña en contra de la modificación de la ordenanza municipal 8426 de "tenencia responsable" y la posterior aprobación de la legislación de control de la proliferación de perros (denominada por los proteccionistas como ordenanza de Scippo, por ser el edil que la presentó). En este marco no solo insisten en que no se castigue a los animales y al vecino, sino que bregan por las castraciones masivas, gratuitas y sostenidas en el tiempo. Y en este marco es que salieron a las calles a juntar firmas para que los concejales riogalleguenses traten y aprueben la ordenanza de equilibrio poblacional de la fauna urbana.

Desde la Tribuna expusieron que el Concejo Deliberante aprobó con los votos del Frente Para la Victoria y la Unión Cívica Radical el proyecto de control de sobrepoblación de animales que habilita indirectamente -según remarcan- la matanza de animales y desliga al Estado municipal su responsabilidad en este problema de salud pública.

A la misma la rechazan exponiendo que en el caso de que un perro que haya mordido más de una vez, la ordenanza establece que sea el Colegio Veterinario el que decida sobre la vida del can. "La experiencia indica que el Colegio Veterinario no está dispuesto a rehabilitar al animal con el método del adiestramiento ni tampoco proceder a la limadura de colmillos", sostienen, añadiendo "La Municipalidad se desentiende del problema transfiriendo su función a dicha entidad que, en los hechos, queda habilitada a aplicar la muerte digna".

Los proteccionistas sostienen que esta nueva reglamentación viene a reforzar la fracasada ordenanza 8426/14 "que solo ha servido para empeorar la problemática animal", en donde "cada día tenemos más perros, y crea un ambiente de convivencia animal-humano cada vez más insalubre". Sintetizan que este panorama se da por la incapacidad de las distintas gestiones para definir una política pública que aborde el problema, a pesar de las permanentes iniciativas y propuestas de los proteccionistas, incluido un proyecto de ordenanza de equilibro poblacional de la fauna urbana que se viene aplicando en otros puntos del país con resultados exitosos.

Otra cuestión que resaltan de forma negativa es la aplicación de multas para los vecinos, estableciendo de esta forma un castigo para quienes los concejales consideran irresponsables. "Esta no es una política a favor del vecino, sino que se busca sancionar a quienes no han recibido educación sobre la vida animal y que no cuenta, en muchos casos, con un salario que les permita atender integralmente a su mascota". Y añaden: "Esta política tampoco favorece a los animales, ya que si el Municipio aplica multas, muchos vecinos no podrán siquiera pagarlas generando más abandono y un mayor riesgo de producir accidentes, mordeduras o peleas entre canes".

 

Presupuesto alcanza

"Por la situación de la ciudad se requieren un mínimo de 50 castraciones diarias", afirman, detallando que cada castración tiene un costo de $300 que al multiplicarlo por los 365 días del año da $5 millones. Sobre este dato remarcan que teniendo esto como base "se podría avanzar muchísimo hacia un ambiente sano". Destacaron que por coparticipación el Municipio recibió este año $165 millones más, y sacando cuentas "invirtiendo el 3% de ese ingreso se asegurarían los recursos para llevar adelante un programa de castraciones sistemático e ininterrumpido".

En este marco se exige la derogación de esta nueva ordenanza y de la N°8526, y que se apruebe la ordenanza de equilibrio poblacional de la fauna urbana defendida por los activistas "la cual ha demostrado en los hechos que es el camino para reducir la cantidad de animales".

Finalmente reclaman un programa de 50 castraciones diarias, gratuitas y sistemáticas financiadas con un impuesto al casino y a las grandes empresas que operan en la ciudad, así como también acciones educativas de manera urgente para toda la población.

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