Cabral quiere que el Consejo de la Magistratura pueda remover jueces

Por Sara Delgado

Luego de que TiempoSur diera a conocer el fin de semana, cuáles son las intenciones del Gobierno de Alicia Kirchner, que encomendó la creación de una Comisión Asesora para la reforma del Código Procesal Penal, varios jueces, fiscales y abogados salieron a dar su opinión.

El juez de la Cámara de la Primera Circunscripción Judicial, Joaquín Cabral, dijo que es necesario para el sistema acusatorio, “una ley de Ministerios Públicos con Fiscalía y Defensoría autónoma, orgánica y financieramente, un nuevo esquema funcional de las instancias judiciales, fundamentalmente su actualización, policía judicial, entre otras”.

Cabral ya se había pronunciado a favor de la iniciativa oficial, e incluso tiempo atrás dio a conocer su proyecto para una nueva Ley. Según cree, es importante que se escuchen todas las voces, en el marco de la Comisión Asesora que estaría presidida por Julio Maier.

“Es fundamental la consulta a todos los actores para que tengamos un hermoso y moderno proceso acusatorio, y no nos pase de no poder aprovecharlo por seguir con un marco normativo tradicional y obsoleto” precisó, calificando de “excelente la iniciativa del Gobierno” a la que ofreció “la máxima colaboración”.

Cabral entiende que se avecinan cambios en la conformación y funcionamiento del Consejo de la Magistratura, “que deberá ampliar sus alcances para la selección y ampliar sus facultades para la remoción  de jueces y fiscales”.

Por otro lado, dijo que debe haber colegiatura de los profesionales del derecho, que no solo otorgan y administran la matrícula, sino que también a través de sus tribunales de ética “podrán investigar malas praxis y eventualmente decidir sobre la habilitación para seguir ejerciendo”.

En la actualidad, a la matrícula profesional de los abogados la administra el Tribunal Superior de Justicia, y también las denuncias o sanciones.

Cabral tiene vínculo profesional con Alberto Binder, otro de los nombres que sonó para presidir la Comisión, al menos desde el lado del Poder Judicial.