El Gobierno quiere que una empresa le devuelva un terreno en El Chaltén

El 13 de mayo de 2008, la firma Traverso, que tenía los supermercados Stella Maris, con sucursales en El Calafate, la Cuenca y El Chaltén, despidió a sus empleados y, a través del Sindicato de Empleados de Comercio, solicitaron la quiebra.

Eso se tramitó en el Juzgado Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio, y fue llevado adelante por la jueza Betina Bustos, que el 2 de julio del mismo año, declaró la quiebra de esa empresa.

Sucede que por esa época, la firma en cuestión había tramitado una adjudicación de tierras por parte del Consejo Agrario Provincial, que le dio un lote de 1220 m2 en El Chaltén, para hacer una sucursal.

Sin embargo, la empresa no cumplió, pero aun así, estando en quiebra, el Consejo Agrario Provincial firmó en 2013 el Acuerdo 49, mediante el cual declaró “cumplidas las obligaciones legales de la adjudicataria fallida respecto del predio”.

Cuando cambió el Gobierno, el actual fiscal de Estado, Fernando Tanarro, revisó el expediente y verificó que Traverso y Cía. no había cumplido ninguno de los requisitos establecidos para acceder al documento de Obligaciones Cumplidas.

Tras cartón, el 16 de mayo de este año, la gobernadora Alicia Kirchner firmó el decreto 431, en el que declaró la “lesividad del Acuerdo Nº 049” de 2013 que establece las obligaciones cumplidas de la empresa.

En declaraciones a FM Dimensión, el fiscal de Estado hizo una denuncia gravísima. Acusó a la Jueza de Río Turbio, de haber presionado al CAPS para que dijera que la empresa sí había cumplido. “La orden vino no una sola vez, sino en reiteradas oportunidades, y bajo apercibimiento de aplicar multas”, manifestó Tanarro, en declaraciones a FM Dimensión.

Para el Fiscal de Estado de Santa Cruz o actuado “viola flagrantemente la ley vigente”, ya que los terrenos fiscales se otorgan para la construcción de viviendas o para emprendimientos comerciales o industriales. “Y nosotros entendemos que la única finalidad que tiene esa adjudicación es que el bien sea rematado para cubrir deudas del concurso de quiebra”, señaló, y no descartó ir a la Corte si es necesario.

Vale recordar que la jueza Betina Bustos estuvo el año pasado al borde de un jury, después de que el gremio de judiciales pidiera su destitución por mal desempeño, pero también porque ejercería violencia en contra de los empleados de su Juzgado. Se recopilaron más de once testimonios y hasta el Fiscal de Río Turbio habló en su contra. Sin embargo, quienes integran la comisión que analizó el caso, entendieron que no había razones para investigarla.