Intervenciones telefónicas: cómo operan los jueces de Santa Cruz con la DICOM

Por Sara Delgado

“Hoy nuestro principal foco de atención es un tema fundamental: la intervención telefónica en causas de investigación penal” dijo semanas atrás el Secretario de Seguridad de la provincia, en una entrevista con Tiempo FM. Ya el año pasado, Lisandro de la Torre contó en una jornada sobre trata de personas con fines de explotación sexual, que ese era un delito que se enfrentaba hoy a la imposibilidad real de contar con las escuchas en la investigación, algo que le recriminó personalmente a la ministra Patricia Bullrich, en la primera reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior.

“Para usar esta tecnología hay que requerirla y ellos te dan turno, o te dicen que ponen gente a disposición, pero no es lo mismo que el agente que está investigando y recolectando prueba, para generar celeridad. Ese es el principal defecto” explicó el secretario santacruceño, marcando “el retraso que tenemos” en juntar esas medidas probatorias.

Lisandro de la Torre le recriminó a Bullrich el pase de la DICOM a la Corte.

A diecinueve días de haber asumido, el presidente Mauricio Macri pasó las escuchas telefónicas a la órbita de la Corte Suprema, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, argumentando que el Congreso no estaba en funciones.

Así, la Corte tomó las funciones del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), pero más tarde, cuando se filtraron las escuchas entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli, se generó una tensión entre el Ejecutivo y la Corte, que deslizó su intención de que la tarea volviese a manos de la Procuración General de la Nación, tal como lo había ordenado el kirchnerismo cuando le quitó las escuchas a la AFI.

La Dirección General de Interceptación y Captación de las Comunicaciones, es el único órgano del Estado que puede intervenir comunicaciones telefónicas, pero sólo puede hacerlo por una orden judicial.  Para eso, se debe remitir un Oficio, que según indicaron algunos jueces santacruceños, a contramano de lo que dice la Secretaria de Seguridad, tiene contestación casi inmediata.

“Tuve una intervención hace poco, fue por 30 días y la pude prorrogar por 10 días más. Una vez que la ordeno, en 40 minutos ya tengo el teléfono intervenido por la DICOM. Es un protocolo muy estricto el que hay que seguir y el material llega después en un CD. En mi caso le ordeno a la DDI que lo retire y desgrave” contó el juez, aclarando que existe “la intervención diferida y la directa” esta última, con la posibilidad de que él mismo pueda estar pendiente de lo que los sospechosos dicen en tiempo real, aunque “se utiliza en casos muy puntuales como extorciones, secuestros, homicidios”.

A principios de mes, la ministra Bullrich ponderó la tarea de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) creada por la Corte, y que dirige Javier Leal de Ibarra, el camarista de Comodoro Rivadavia que subroga los estrados federales de Río Gallegos.

Javier Leal de Ibarra, juez subrogante de Río Gallegos y director de la Dajudeco.

Según Bullrich, “cada requerimiento que hemos hecho ha tenido una respuesta favorable”. Además, reveló que actualmente hay en curso unas siete mil investigaciones "en las cuales se necesitan interceptar comunicaciones, y en todas ellas las fuerzas federales coordinan con la Dirección en el marco de los protocolos y la ley".

Sin embargo, los números oficiales de esa Dirección dicen que las líneas intervenidas son poco más de cinco mil y que sólo el año pasado recibieron 38.199 oficios judiciales con pedidos de intervenciones telefónicas, un número muy por encima de 2016.