Un sector de la justicia está "preocupado" por el conflicto gremial

En un sector de la justicia existe "preocupación" por la medida de fuerza por tiempo indeterminado que llevan adelante los empleados judiciales para que los diputados no aprueben o retiren el proyecto que modifica la Ley 3022, concretamente en su artículo 8, el cual establece que las negociaciones colectivas se deberán atener "a la realidad presupuestaria" de la provincia de Santa Cruz y no podrán tener como parámetros "formulas, coeficientes, porcentajes, plus remunerativos o no, adicionales o pautas salariales establecidas en jurisdicciones extrañas a la provincia".

Sucede que los salarios de los empleados de este poder tienen como referencia las "acordadas" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien también mantiene sus negociaciones en paritarias con los miembros del Tribunal Superior de Justicia.

El paro tiene un alto acatamiento lo que  derivó en que el que Tribunal resolviera la suspensión de los plazos procesales hasta mañana viernes, algo que el año pasado sucedió en varias oportunidades, en el marco de un conflicto muy extendido en base a la protesta por pago en tiempo y forma, y reclamo de un porcentaje adeudado por la provincia.

En algunas dependencias se acortó el horario de trabajo.

"En una de las cámaras, por ejemplo la adhesión a la protesta es del 80%, y trabajadores que no están afiliados están sumando más ahora que cuando fue el reclamo por cobro de los sueldos", dijo a TiempoSur un juez.

POR ACUERDO

Desde este mismo sector, señalaron que no es necesaria la ley en Diputados ya que puede "acordarse" en la misma discusión paritaria entre TSJ y judiciales.

El año pasado el TSJ pidió recursos al propio Ministro de Economía para afrontar la suba del 37% que debía abonar a los trabajadores. La provincia, que el año pasado no otorgó aumento a ningún sector, adujo falta de fondos.

También desde el mismo sector de los jueces saben que de aprobarse el proyecto -autoría del diputado Claudio García- el reclamo de judicializará.

Algunos se animan a decir que el proyecto es inconstitucional. Es por el Artículo  63 de la Constitución Provincial, el cual es claro: "El convenio colectivo, realizado libremente por las partes

interesadas, regirá el régimen de las condiciones de trabajo, no pudiendo la

Provincia intervenir sino por intermedio del Departamento Provincial del

Trabajo, en caso de desacuerdo o conflicto irremediable". Es decir, la provincia no puede inmiscuirse en negociaciones salariales.

Los jueces creen que podría ser el comienzo de una protesta más dura que durante el 2017.