Un mes de arresto para los policías que hicieron paro en 2016

El 10 de agosto de 2016, en varias dependencias de la capital y el interior provincial, un grupo de agentes, cabos y sargentos, decidió iniciar una retención de servicios para reclamar  por el retraso en el pago de haberes y la falta del aumento salarial que se había acordado en paritarias durante el mes de mayo, retroactivo al personal de agentes en alta en comisión.
La medida de fuerza fue respaldada por la Asociación Civil Policial. “En primera instancia se empezó a tomar la medida con algunas comisarías de Río Gallegos, y estamos viendo a medida que vaya pasando el tiempo sin respuestas de parte del poder político si se va a ir ampliando”, le dijo al día siguiente a TiempoSur, el titular de la Asociación, Gustavo Aranda.
La medida de fuerza cayó por su propio peso a los pocos días, básicamente porque no contó con la adhesión suficiente del personal policial. Y recién el 20 de abril de este año, la Jefatura de Policía emitió su dictamen de acuerdo a las conclusiones del Sumario de la Dirección General de Operaciones Policiales. 
En el expediente se puede leer que el personal adherido a la medida de fuerza de ese año, “se presentaba de civil y sin portar arma reglamentara”. Que “no poseían vocero”, que realizaban “solo tareas internas (libro de guardias, cabo de cuarto), no así externas, debiéndose reorganizar los cuartos con el personal policial” que  no se encontraba de paro.
Las conclusiones del sumario administrativo dicen además que las actitudes de los policías involucrados “constituyen actos de insubordinación que perjudican el desenvolvimiento funcional de la dependencias policiales y disminuyen drásticamente la prevención, exponiendo a la comunidad a potenciales riesgos en su servicio de guardia”.

Por su parte, los policías de paro hicieron un descargo idéntico del otro. En todos se lee que el Gobierno buscaba “criminalizar la protesta social”. 
Lo cierto es que, casi dos años después de aquella revuelta, que distó mucho de los auto-acuartelamientos de 2014, el jefe de la Policía de Santa Cruz, Luis Cortés, dispuso sancionar a un total de 74 uniformados, entre los que hay sargentos, agentes y cabos, con entre 21 y 31 días de arresto, según su grado de participación en la medida de fuerza.