Qué es el “enganche” que tiene en disputa a los tres poderes

El año pasado, se presentó en Diputados un proyecto que delimita los alcances de los acuerdos paritarios del Poder Judicial, estableciendo que no podrán tenerse en cuenta sumas que hayan sido establecidas fuera de Santa Cruz.

El proyecto presentado por el legislador del FPV, Claudio García, tuvo ayer despacho favorable de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y ahora está a un paso de que arribe al recinto, aunque no sucederá hoy.

¿Por qué se presentó el proyecto?

El oficialismo en Diputados quiere así resolver un dolor de cabeza para el Gobierno Provincial y el TSJ, con quien habría consensuado la modificación. Es que el año pasado, el máximo tribunal solicitó al Ministerio de Economía, una partida extra de $626 millones para poder darse el aumento que la Corte Suprema había establecido para ese año.

A través de la Resolución Nº39, el Poder Judicial reclamó “la ampliación del crédito del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2017, en la partida principal ‘Personal’ por la suma de seiscientos veintiséis millones quinientos setenta mil quinientos ochenta ($626.570.580,00)…”.

El Gobierno Provincial les respondió diciendo que el Presupuesto no establecía partidas específicas para nuevos aumentos en el Poder Judicial (tampoco lo hizo para los aumentos de ningún otro sector).

Fue ahí que el TSJ suspendió el aumento salarial para el sector. Los vocales votaron en este sentido, pero después, el gremio de judiciales “3 de Julio” presentó un recurso de Reconsideración, en el que votaron lo contrario.

¿Por qué el Ejecutivo dice que no existe la ley de enganche?

Desde 2008, el Poder Judicial celebra sus propios convenios y decide que, de forma automática, les lleguen también las subas salariales que da la Corte.

Sin embargo, esos fondos tienen que salir de las arcas provinciales, cosa que sucedió sin problemas hasta que llegó Cambiemos y dejó de enviarle los $400 millones que recibía por mes Daniel Peralta. El Gobierno dice que si había “ley de enganche” es porque la nación le mandaba dineros extra.  De ahí que los acuerdos salariales por “enganche” nunca estuvieron presupuestados.

Aun cuando las conquistas salariales no se discuten, el mismo acuerdo entre el gremio y el Poder Judicial, establecía que  estos aumentos que daba la Corte, quedaban atados a las posibilidades financieras de la Provincia.

En un contexto financiero calamitoso, el aumento espejo de los judiciales fue en 2016 del 30% y para el año pasado, pretendía ser del 37%.  

Cuando el Tribunal Superior volvió a votar el tratamiento de la paritaria y la habilitó nuevamente, el Gobierno presentó una demanda para que el aumento por enganche sea declarado inconstitucional. Esto para el gremio significó un avasallamiento al Poder Judicial y para el secretario general, Francisco Gómez, fue “casi un golpe de Estado”.  Lo mismo piensan acerca del proyecto para eliminar los aumentos que se asigna la Corte, invitando al Poder Legislativo a ocuparse de otros temas.