Verdad a medias

Informe televisivo contó parte de la historia y omitió las irregularidades

La Cornisa, que se emite por América TV, hizo un informe en el que excluyó las serias fallas del colegio cristiano que motivaron el cierre de esa institución como la falta de reconocimiento oficial, la apertura de secciones sin autorización, la situación de docentes no bancarizados y dos fallos de la Justicia.

  • 24/04/2018 • 10:24
Uno de los allanamientos al ICEP durante el 2017.
Uno de los allanamientos al ICEP durante el 2017.

El programa La Cornisa de América TV realizó un informe basado en el cierre del “único colegio que dio clases” el año pasado en Santa Cruz, en referencia al Instituto Cristiano de Enseñanza Patagónica con sedes en Río Gallegos y Caleta Olivia.

Sin embargo, allí se omitieron las irregularidades encontradas a dicha institución, lo que le valieron el cierre, luego de varios meses de conflicto con el Estado provincial a raíz de las aperturas de secciones sin autorización del CPE (Consejo Provincial de Educación).    

De este mismo informe se nutrieron además los diarios Clarín y La Nación, quienes titularon prácticamente de la misma forma y sin cuestionarse en ningún momento si la información dada por el informe televisivo se correspondía con la verdad.

 

Qué se dijo- En el programa se sostenía que el ICEP es el colegio más grande de la Patagonia argentina. También que en diciembre del año pasado terminaron el ciclo lectivo 2.324 alumnos si se suman nivel inicial, primario y secundario. Y que en los 10 años de existencia sus maestros nunca se plegaron a ninguna medida de fuerza, ni siquiera durante el año pasado cuando la mayoría de los colegios de la provincia comenzaron a dar clases el 14 de agosto.

“La institución es la única escuela que integra a niños con capacidades diferentes y es también donde concurren a clases los chicos de familias de bajos recursos provenientes de asentamientos cercanos. Más del 10 por ciento de los alumnos son becados y los aranceles mensuales son accesibles para las clases bajas”, expresaron.

También que al momento de la clausura -según el programa periodístico- el instituto ya tenía anotados para comenzar el ciclo lectivo en 2018 más de 1.600 alumnos que “hoy no concurren a clases debido a que no fueron tomados en otros colegios” y que en la misma situación se ven implicados unos 200 docentes de la ciudad de Río Gallegos.

 

Qué se omitió- Más allá de algunas aseveraciones equivocadas, como que quedaron 1.600 alumnos sin escuelas, hay otros temas que no fueron nombrados y que bien vale la pena detenerse para conocer por qué se clausuró.

El conflicto educativo comenzó durante el 2017 cuando el ICEP inició el año lectivo sin la solicitud del reconocimiento oficial que debía otorgar el CPE. A partir de allí, una serie de hechos intensificó el problema. Este es el orden cronológico para entender la situación:

*El ICEP inició el 2017 sin el reconocimiento oficial del Consejo Provincial de Educación: Los establecimientos de gestión privada deben, año a año, solicitar el reconocimiento ante la cartera educativa. El Instituto Cristiano comenzó el ciclo lectivo sin el procedimiento y posterior aprobación del CPE.

* La apertura de secciones no habilitadas por el CPE: La institución abrió secciones sin la autorización correspondiente de la cartera educativa. Razón por la cual los alumnos que estudiaban bajo dichas secciones no podían acreditar los contenidos educativos. Posterior a ello, desde el Consejo de Educación establecieron dispositivos pedagógicos para la resolución del conflicto. La adhesión de alumnos a los dispositivos fue favorable. 

* Incumplimiento al acuerdo N°185/97 que exigía documentación a colegios de gestión privada: El 20 de diciembre del año pasado el CPE rechazó la solicitud de reconocimiento oficial pretendida por el Instituto Cristiano de Enseñanza Patagónico cuando, vencido el plazo legal, desde la representación legal del colegio no se presentó la documentación requerida por la cartera educativa bajo el acuerdo N° 185.

* Auditorías con resultados irregulares: El proceso que iniciaron sobre el colegio el año pasado arrojó resultados negativos. “La escuela tiene serios problemas edilicios y docentes no bancarizados”, indicaron en octubre tras inspeccionar la institución.

* Dos amparos rechazados por Marinkovic: Desde la representación legal del instituto habían solicitado al CPE que cumpla con la transferencia de fondos correspondientes a la subvención que la cartera educativa mantenía con el colegio. La última transferencia de fondos, según pudo conocer el medio, data de agosto del 2017; momento en el cual Educación dejó de prestar la subvención tras solicitar al ICEP las auditorías administrativas y edilicias para constatar que se tuvieran las habilitaciones correspondientes para funcionar. Por las irregularidades del caso, el juez Francisco Marinkovic  rechazó las dos solicitudes de las autoridades de la institución.

Marinkovic observó que -si bien el ICEP tenía una “autorización administrativa para funcionar”- no había sido reconocido oficialmente por Educación, algo central para que reciba la subvención antes mencionada; ya que el Artículo 128 de la Ley Provincial de Educación establece la asistencia para los establecimientos “reconocidos”.

*Dos allanamientos y falta de documentación: El primer allanamiento resultó fallido cuando un grupo de padres impidió que la Justicia y representantes del CPE accionaran sobre la institución en búsqueda de los documentos antes mencionados. Posterior a ello, en un segundo allanamiento las autoridades de la cartera educativa ingresaron finalmente al ICEP: “Se llevaron todo, los ficheros estaban vacíos”, denunció la presidenta del CPE, Cecilia Velázquez. Al tiempo que remarcó al medio que “el colegio está clausurado y no está habilitado para matricular alumnos durante el 2018”. 

Por ello, desde la cartera educativa remarcaron que los colegios públicos pueden recepcionar la inscripción de aquellos ex-alumnos del ICEP sin inconvenientes. 

 

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