El TSJ y el gremio entraron en disputa por los fondos

Por Sara Delgado

A través de un Pedido de Reconsideración, el gremio de empleados judiciales “3 de Julio”, denunció la ilegalidad de la Resolución que votaron los vocales del Tribunal Superior de Justicia, para borrar lo acordado en la paritaria.

El 9 de abril, los jueces del Máximo Tribunal santacruceño le ordenaron a la Dirección General de Administración, a imputar los fondos que le gira el Ministerio de Economía de manera “equitativa entre magistrados, funcionarios y empleados”.

Esto, según el escrito presentado por Rosa Hindie, viola el acuerdo paritario N°170/2018, que el 5 de marzo firmaron los vocales Mauricio Mariani y Osvaldo Peretti con la gobernadora Alicia Kirchner, en donde se habían comprometido a destinar la totalidad de los fondos que recibieran, al pago de los aguinaldos de diciembre de 2017, a los empleados del Poder Judicial.

El escrito decía que  la modalidad de distribución del dinero sería que “hasta tanto los empleados no perciban la totalidad de los haberes correspondientes al SAC 2017, los suscriptos no percibirán sus propios haberes por dicho concepto”.

Sin embargo, un mes más tarde, parece que el Tribunal cambió de parecer y ahora dice que los fondos que parcialmente le va girando Economía, tienen que incluirlos en la distribución, cosa que para el gremio “vulnera el principio de buena fe que debe respetarse en toda negociación entre partes, máxime tratándose de una negociación colectiva laboral”.

Para el gremio no pueden los jueces hablar de “distribución equitativa”, básicamente porque ellos multiplican el salario que percibe un empleado común. “…quienes se encuentran en el escalafón más bajo no pueden cubrir las necesidades básicas de su grupo familiar, mientras  se abonan a los magistrados sumas que son hasta diez veces las que reciben  éstos”.

Según el escrito, la asociación gremial que conduce Francisco Gómez le echa en cara al TSJ su “inacción” frente al Gobierno, en el marco del conflicto atravesado por la falta de fondos. “No es responsabilidad de los trabajadores procurarse los medios económicos para que el empleador cumpla con sus obligaciones…”

Es que, fue justamente desde el gremio, de donde surgieron los amparos mandamus que el año pasado lograron que el juez Francisco Marinkovic, le ordenara al Ejecutivo que remitiera los fondos para pagar los sueldos atrasados a los judiciales. Ello sucedió “sin que el TSJ -ni magistrado alguno -haya articulado acción alguna exigiendo la remisión de los fondos, en claro desmedro de la autonomía del Poder Judicial que debiera el TSJ ser el primero en defender” le achacan.

Al promediar la semana pasada, el gremio realizó una medida de protesta frente a las puertas del TSJ, luego de que, en una reunión paritaria con los vocales, no lograsen respuestas respecto del cobro  de una parte del sueldo de diciembre del año pasado, el medio aguinaldo, el sueldo de marzo y la “instrumentación de aumentos según el sistema salarial vigente”.

Por otra parte, sobre el pedido que el gremio hace para que el TSJ revea su idea de un reparto “equitativo” de fondos, existe una recusación a la jueza Renee Fernández.

Esto tiene que ver con que sigue abierta la causa iniciada por la jueza, que el año pasado demandó al gremio por los escraches en su contra. La demanda que ahora está en el Civil N° 2, habla de “violencia de género y realizar actos que la afectan en su dignidad, provocándole agravio moral, afectación en su salud psicofísica, alterarle su vida familiar y de relación y de haberla humillado”.