Ajuste

Preocupación por los despidos de Carambia en Las Heras

El Intendente de Cambiemos retomó su plan de ajuste, con el anuncio de la desvinculación de los empleados adscriptos a Provincia. Siguieron los del área de Informática y los pasantes. Desde el Deliberante y APAP le quieren poner un freno, mientras que los nuevos desocupados van a la Justicia.

  • 06/04/2018 • 11:19
José María Carambia, intendente de Las Heras
José María Carambia, intendente de Las Heras

Por Sara Delgado

El escenario que se plantea con los despidos producidos en la Municipalidad de Las Heras es sombrío, sobre todo por la situación social que ya vive la Zona Norte, que esta semana volvió a ser noticia por los cortes de ruta y la apertura de padrones de  desocupados.

Ya cuando asumió, José María Carambia echó mano a una política de ajuste que incluyó despidos orientados según el color político, y a un paquete de medidas económicas con las que se daba superpoderes y creaba nuevos tributos.

Días atrás, a través de una nota dirigida a la gobernadora Alicia Kirchner, esa comuna de Cambiemos le pidió a la Provincia que se hiciera cargo del personal municipal adscripto, es decir, que presta servicios en organismos de la provincia. Como la respuesta fue negativa, el Municipio decidió desvincularlos.

Esto generó malestar, sobre todo entre los directivos de los establecimientos educativos, donde la continuidad del personal de maestranza se ve amenazada.

Hasta el día de hoy, ni Carambia ni ninguno de sus funcionarios salió a dar alguna explicación, dando lugar a rumores que hablan de unos 100 telegramas en el Correo.

La concejal Laura Bilbao recibió en las últimas horas a algunos de los despedidos, entre los que se cuenta personal contratado y de planta permanente.

Una característica de la gestión lasherense parece ser, tal como sucedió con Teodoro Camino, la opacidad en la información pública. Según denuncia el Concejo Deliberante, no reciben rendiciones de cuentas ni respuestas a los pedidos de informes.

“A esta altura me interesaría que el Tribunal de Cuentas sea el que tenga acceso a la información” dijo ayer a TiempoSur la concejal Bilbao, confirmando que en dos años y medio de gestión este organismo no hizo una auditoría.

En la última sesión, el Deliberante aprobó, aunque con modificaciones, un proyecto para que se convoque a la mesa tripartita (ejecutivo-concejales-gremios) y se pongan los números sobre la mesa de cara a la discusión salarial. En ese contexto, se pretendía además, que Carambia cesara con los despidos, pero también con los ingresos de personal, algo de lo que se sospecha.

Según trascendió, no hace mucho el jefe comunal también dio de baja a algunos planes sociales y a los “pasantes” que no tienen el respaldo de un gremio para que su reclamo tenga fuerza.

En este punto, distinto es el caso de los empleados de Informática, que cuentan con el apoyo de APAP, luego de una serie de despidos en un contexto de mínima escandaloso.

Semanas atrás, el jefe del Departamento de Informática, Aldo Figueroa, regresó de sus vacaciones y se encontró con que ya no tenía acceso a la Municipalidad. Afuera del palacio, se encontraba parte de su personal, que también había sido echado. En una acusación absolutamente grave, pero que todavía no fue radicada en ningún juzgado, se acusaba a Figueroa y el resto de haberse robado información.

Según les dijeron, esto fue corroborado por un presunto ingeniero, cuya identificación no dieron a conocer, así como tampoco ningún tipo de pruebas. La pregunta lógica es ¿qué información se robó? o, en todo caso ¿por qué quieren a la gente de Informática afuera?

Por estas horas, los trabajadores desvinculados de la Municipalidad de Las Heras definen el escrito que presentarán ante la Justicia, bajo la premisa de que se denuncie la presunta arbitrariedad del intendente Carambia.

Según se sabe, el argumento no dista mucho del que presentaron los amparistas de YCRT, a quienes el juez federal subrogante, Javier Leal de Ibarra, dio la razón, ordenando a la intervención de Omar Zeidán que los reincorpore por no haberse acreditado una justificación para echarlos, pero además, por no haberles dado derecho a defenderse.

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