Los detalles de la demanda contra los “Jubilados Unidos en Acción”

La semana pasada se conoció que el grupo de Jubilados Unidos en Acción fue demandado por la Fiscalía de Estado, con la idea de que afronten, con su patrimonio personal, la reparación de los daños ocasionados en edificios públicos y vehículos del Estado.

El grupo surgió con la denominación “Jubilados Unidos”, cuando durante la primera mitad del año pasado llevaron a cabo diferentes manifestaciones en reclamo del pago en tiempo y forma de sus haberes previsionales. Sin embargo, en agosto, luego de 120 días de lucha, un sector decidió abandonar el acampe en Casa de Gobierno, con la promesa de una fecha estimativa de pago.

El ala más dura, decidió rechazar el trato y constituirse en “Jubilados Unidos en Acción” protagonizando desde entonces, actos que para el Gobierno, son simplemente vandálicos y que van desde la toma de edificios, pasando por las pintadas, pegatinas, quema de cubiertas, daño a vehículos oficiales, hasta llegar a escraches en las viviendas particulares de los ministros, tal como sucedió en plena noche con el ministro de Gobierno, Fernando Basanta.

La demanda del Gobierno es por daños y perjuicios, estimados en la suma de $329.400, que, en caso de que el juez Francisco Marinkovic así lo decida, debieran ser afrontados por Ana Villarroel, Lucila Hernández, Laura Agüero, Beatriz Constatino, Néstor Ripa, Teresa Coronel, María Peña, Margarita Guanuco, Enrique Bavera y Agustín Pérez.

“Es importante señalar que la presente demanda no intenta criminalizar la protesta social ni mucho menos vulnerar el derecho constitucional de protesta”, se lee en uno de los párrafos de la demanda, que aclara que “una cosa es el derecho a protestar y otra el de dañar injustificadamente los bienes del estado, que en definitiva son bienes que pertenecen a toda la comunidad santacruceña”.

Para la Fiscalía de Estado, las prácticas del grupo “en numerosas ocasiones han avasallado derechos de otras personas”, cuestión que los aleja de una protesta social pacífica. Mencionan, por ejemplo diversos daños a la Casa de Gobierno, la Caja de Previsión Social, el Ministerio de Economía, el de Desarrollo Social, entre otros, y advierten sobre una modalidad en la que los integrantes de este colectivo de protesta “suben a las redes sociales los daños que provocan y hacen “una especie de actuación” con la que parecieran tomarse el asunto en broma.

La demanda tiene agregada una serie de fotografías y videos en los que se los ve en acción y un detalle de destrozos que habrían realizado en un marco “de extrema violencia, que ha llegado incluso a la agresión a funcionarios del Estado provincial, a trabajadores y colegas que cumplen funciones en las distintas reparticiones públicas”.

En el escrito se piden varias testimoniales, que se libre oficio a los organismos que sufrieron daños para que los detallen y a la empresa Infante que, cumpliendo con la seguridad de la Caja de Previsión Social el año pasado, hicieron exposiciones policiales por los reclamos del grupo.

Lo cierto es que, a un año de la toma de la Caja de Jubilaciones, y mientras se espera la respuesta de Marinkovic, una de las demandadas, Ana Villarroel dijo que la demanda está “totalmente fuera de lugar” y que los verdaderos afectados siguen siendo ellos por los retrasos en los pagos.

En este sentido, hay que recordar que el año pasado, hubo algunos jubilados que presentaron amparos ante el juez de Familia Antonio Andrade, quien ordenó al Gobierno de Alicia Kirchner, el pago del 1 al 7 de cada mes (medida que sólo regía para los amparistas). Esa cuestión fue apelada por la Fiscalía de Estado, y cuando el Gobierno comenzó a acercarse a esa fecha, desde “Jubilados Unidos en Acción”, reclamaron que se les pague alrededor del 24 de cada mes, como en épocas en las que Daniel Peralta recibía fondos nacionales para afrontar sus haberes.