Siguen los paros parciales

Judiciales: el Gobierno se pone al día con diciembre y febrero

El sector viene sosteniendo un paro parcial, en reclamo del pago de los sueldos y sumas atrasadas. Mientras el Gobierno va depositando a cuenta gotas, desde la organización sindical advierten que la adhesión a las medidas de fuerza alcanza un 80%.

04/04/2018 • 07:53

Para la organización sindical, la adhesión a los paros llega al 80 por ciento

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La última comunicación de la organización “3 de Febrero” que nuclea a los empleados del Poder Judicial, fue para este martes, cuando convocó a reclamar la cancelación íntegra correspondiente a los haberes del mes de diciembre y la segunda cuota del aguinaldo de 2017, con un paro parcial. Según se explicó, la modalidad significa no realizar tareas durante las tres horas finales de la jornada laboral ni aceptar comisiones de servicios.

Según pudo conocer TiempoSur, el Ministerio de Economía terminó el miércoles de pagarles los sueldos adeudados del mes de febrero y el jueves de la semana pasada acreditó la suma de $3500 a cada empleado del Poder Judicial, en concepto del arrastre de la deuda de diciembre.

La situación que afronta el Poder Judicial es complicada en todos los estrados de la Provincia, debido al fuerte acatamiento de las medidas de fuerza que si bien, no tienen la algidez del año pasado, generan una fuerte afectación al servicio de justicia. Así, hay defensorías en donde la ausencia del personal se torna casi inviable y contratiempos en todos los juzgados del interior que, en muchos casos, cuentan sólo con un magistrado y secretarios.

Para Francisco Gómez, secretario general de los trabajadores, la adhesión al paro ronda entre un 60 y un 80 por ciento, según sea el retraso que tenga el Gobierno provincial en pagarles. Así, en un escenario en donde la centralidad del debate está en cómo y cuándo se paga, lejos quedaron los pleitos que judicializaron el pedido de aumento salarial.

Hace un año, el Tribunal Superior de Justicia decidió darse un aumento salarial del 37.5 por ciento, lo que significaba poco más de $626 millones, aun cuando el Ministerio de Economía les había comunicado formalmente que no existía una partida presupuestaria para hacerle frente. En respuesta, el Estado promovió una acción de inconstitucionalidad y recusó a los vocales que votaron la suba. Después de meses de acampe y toma del palacio judicial, el tribunal que debía resolver el pleito nunca se abocó, y el caso tampoco pasó a la Corte.