Conflicto en YCRT

Ediles hablaron de “ajuste sin precedentes” y “una crisis social inusitada”

En un documento firmado por ocho concejales de la Cuenca, acusaron al interventor Omar Zeidán y al senador nacional Eduardo Costa de ser “los brazos ejecutores de las políticas que se aplican desde el Estado nacional”.

  • 20/02/2018 • 10:51
El conflicto sigue latente en la Cuenca.
El conflicto sigue latente en la Cuenca.

Por segunda vez, los concejales de las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre, sentaron posición ante lo que consideran como “gravísima situación económica y social de los pueblos de la Cuenca Carbonífera”.

El pronunciamiento se dio en el marco de la crisis por los más de 400 telegramas de despido enviados por la empresa YCRT y el llamado a sesión extraordinaria para este jueves en Cámara de Diputados, para tratar esta temática.

 

Crisis social- En principio, los ediles repudiaron “las acciones que permanente, consecutiva y deliberadamente ha implementado este modelo de gobierno, que va en busca de un debilitamiento del Estado, pretendiendo instalar y articular un totalitarismo corporativo”.

También denunciaron que la intervención de YCRT en el nombre de Omar Zeidán y su equipo de trabajo, “son los brazos ejecutores de las políticas que se aplican desde el estado nacional en complicidad de su jefe político Eduardo Costa”.

Sostuvieron que los despidos masivos y la persecución “cruel de los opositores, son la nueva moneda del colonialismo de Mauricio Macri” y que esta situación de achique de una empresa del Estado nacional “impacta fuerte y negativamente en la economía local y regional, a estas dos comunidades que dependen directa e indirectamente del yacimiento”.

Más adelante, afirmaron que estas acciones han vulnerado la situación de las familias de la Cuenca Carbonífera, a través del “ajuste sin precedentes, creando una crisis social inusitada”.

 

Pidieron poner en marcha la usina- Por su parte, los concejales volvieron a rechazar enérgicamente los despidos “que la intervención viene llevando adelante” y censuraron la “persecución y hostigamiento que funcionarios de la empresa YCRT realizan a compañeros para que acepten el retiro extorsivo e involuntario”.

Asimismo, responsabilizaron del daño ocasionado por el estado ocioso en la usina 240 Mw, el ramal ferroportuario de Punta Loyola y el complejo minero; de su Infraestructura que produce daños patrimoniales y económicos al Estado nacional.

Por su parte, solicitaron la rápida reincorporación de los trabajadores despedidos. Y convocaron a poner en marcha la usina de 240 Mw para generar energía, entre otras medidas.

Cabe destacar que el manifiesto lleva la firma de los concejales, Nicolás Brizuela, Claudia Pavés, Omar Españon, Cristian Trujillo, Bárbara Béjar, Aldo Heredia, Basilio López, Karina Nieto (que se encuentra con la delegación de mineros en Buenos Aires).

 

Los sindicatos negaron vinculaciones políticas y respondieron que se quiere desvirtuar la realidad

Por medio de un comunicado desde la Intersindical que conforman los gremios de YCRT, se salió a rebatir  las expresiones de Mario Capello, subsecretario de Desarrollo Minero. Capello en declaraciones a Radio Nacional Río Turbio, se solidarizó con la familia del interventor Omar Zeidán por lo ocurrido la noche del jueves de la semana pasada, donde un grupo de trabajadores de YCRT realizaron una protesta en la puerta de su domicilio. Capello calificó de “banda de inadaptados” a los manifestantes y los vinculó con el sector del Frente Para la Victoria. Además denunció connivencia con el gremio ATE.

Desde la Intersindical también rechazaron las declaraciones del interventor Omar Zeidán y negaron vinculaciones políticas y expresaron que pretenden vincularlos a un determinado sector político, para  desvirtuar la realidad que atraviesan las comunidades, provocadas por “el ajuste salvaje” del Gobierno.

“De más está decir que la violencia ejercida en este plan de ajuste impulsada por el Gobierno nacional y ejecutadas por el actual Interventor con complicidad de funcionarios a fines a este gobierno y su modelo político, solo genera más violencia en nuestras comunidades”, expresaron.

Asimismo, argumentaron: “Al no vislumbrarse una salida al conflicto, esta dilatación genera en las familias de nuestros compañeros y la comunidad una angustia que se agrava con la emisión de más telegramas de despido, causando desesperación y daños psicológicos irreparables”.

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