Un fallo para frenar la desigualdad estructural que hay en la Legislatura

El sentido común debería decirnos que si vivimos en una estructura social en la que las mujeres están en desventaja, la Legislatura, que es el lugar en donde se sancionan las leyes, debería al menos reflejar cierto esfuerzo por la equidad de género. Sin embargo, esto no sucede en Santa Cruz, en donde de los 24 diputados, 19 son varones y apenas 5 son mujeres, a punto ahora de perder una banca.

La salida de Roxana Reyes (Cambiemos) puso en evidencia las cosas. Su lugar, debería ser ocupado por Pedro Valenzuela, candidato en segundo término en la lista. Pero sucede que un grupo de mujeres quiere desmantelar el principio de sucesión, exigiendo que se priorice la protección de los derechos de representación del género, que en Diputados, está en una desventaja estructural.

Por eso ayer, el grupo encabezado por la ex concejal Silvia D’ Andrea, junto a la socióloga Ester Crespo, la doctora Julieta Cassano, el decano Guillermo Melgarejo, el flamante vocal por los padres, Hugo Piloñeta, la docente feminista Romina Behrens y otras quince personas, hicieron una presentación para que se aplique la ley de cupos para la cobertura de bancas logradas por mujeres.

En la Cámara de Diputados las mujeres están entre perder una banca y quedarse sólo con 4, o generar un precedente que no existió la vez que Alicia Kirchner renunció al Senado para asumir como ministra, y en su lugar juró Judith Fortsman. Aunque lo usan como ejemplo, aquello no necesitó de una presentación legal, sino que surgió de un acuerdo político interno con argumentos de paridad de género.

Al hecho de que las mujeres representen el 20% de las bancas legislativas en la Provincia, se suma que los diputados por municipio tienen 14 escaños y ellas, tan sólo 1, lo que alcanza apenas a un 7%. Pero ¿por qué? La respuesta está en que la Ley de Cupo que estableció un piso del 30% de participación femenina, 33% desde 2009 en Santa Cruz, terminó siendo un techo.

Aun así, en el año 2000, un Decreto, el 1246, llegó para garantizar el cumplimiento de la Ley de Cupo, estableciendo en su artículo noveno que “…Cuando una mujer incluida como candidata en una lista oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara o cesara en el cargo por cualquier circunstancia antes de la realización de los comicios, será reemplazada por la candidata mujer que le siga en la lista respectiva. Esta medida sólo se aplicará en el caso de reemplazo de mujeres…”. Es cierto que no habla de cargos electos, pero pega en el palo.

El escrito no esconde su pretensión, que es la de generar una modificación de las leyes electorales vigentes “para que el cupo femenino sea una realidad” que no sólo significa un beneficio para las mujeres sino de una sociedad “más igualitaria”. El asunto, claro está, es que bien podría la Justicia Electoral en este caso, responder que ellos no legislan.

El documento cita la representación de la minoría que garantizó la reforma de ‘94, doctrina respecto de la democracia y la equidad a lo largo del proceso electoral, el concepto de igualdad para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros informes internacionales sobre la equidad de género en la política argentina.

“…Por todo lo expuesto, asentamos nuestra petición en la letra de la Constitución Nacional y el derecho a la igualdad real como los argumentos más fuertes para solicitar que una banca ocupada por una mujer, sea reemplazada por otra mujer…, aun cuando ésta deba saltar posiciones para evitar la discriminación y la pérdida de igualdad”, dicen en el petitorio que quedó abierto para que, quien lo desee, se sume con su firma.

En definitiva, nada garantiza que las bancas ocupadas por mujeres, contribuyan a más políticas de género para discutir cómo achicar la brecha desigual que hizo que durante el primer semestre, según el Indec, la desocupación afectara en mayor medida a las mujeres (20,1%), o que, como difundió ayer la consultora Mercer, las empresas en América Latina les paguen a ellas un 17% menos que a los varones, o que no existan redes de contención para las trabajadoras que sufren violencia o sobre las que recae el cuidado de los niños y los adultos mayores.

Pero lo que es seguro, es que en las condiciones de desigualdad que hay hoy en la Legislatura, la ausencia de una mujer en un grupo que se cuenta con los dedos de una mano, es negativo.

Por Sara Delgado