Gaitán apuntó contra el vocal Stoessel y dijo que afecta su “crédito y honor”

El viernes el Tribunal de Cuentas fue notificado por el juez Francisco Marinkovic, a cargo del Juzgado Provincial de Primera Instancia N°2, de la medida cautelar para que no tome juramento la vocal Romina Gaitán.

El mismo, fue haciendo lugar al amparo presentado por el vocal por la Minoría, Javier Stoessel, quien solicitó que se suspenda el juramento de Gaitán hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Es que Gaitán es esposa del actual ministro de Gobierno Fernando Basanta y Stoessel sostiene que hay incompatibilidad.

Ejerce “violencia de género”- En las últimas horas, Romina Gaitán apeló la resolución, solicitando que se revoque la misma, argumentando que su designación ha cumplido con todos y cada uno de los procedimientos constitucionales, legales y reglamentarios.

En esta línea, indicó que las razones que invoca Stoessel para solicitar conductas jurisdiccionales contrarias consisten en afectar su “crédito y honor”, ejerciendo además “violencia de género por traer a colación únicamente mi situación de estado civil, sin poder acreditar que tales hechos implican un impedimento para ejercer el cargo”.

Entre los fundamentos, Gaitán remarcó que el Vocal por Minoría hace referencia a un fallo de la Corte Suprema, sobre el Colegio de Abogados de Tucumán, pero “omite analizar y esbozar los argumentos, razones y motivaciones que sostienen su postura”.

En la apelación, sostuvo que “la simple referencia a mi estado civil sin la existencia de norma alguna que prohíba o limite mi designación como miembro del Tribunal de Cuentas, pone en evidencia que el reclamo formulado no posee sustento legal”.

Otra de las manifestaciones es que,  quienes no pueden ser miembro del Tribunal son: “Los concursados civilmente, los que se encuentren en estado de quiebra y los que estén inhibidos por deuda judicialmente exigible; que se encuentren procesados o hayan sido condenados por delito doloso contra la propiedad”. En este sentido, expuso que ninguna de las mismas se puede aplicar a su situación.

Stoessel y UPVM- En otro tramo, Gaitán expresó que Stoessel y el Juez “parecen tener una doble vara”, indicando que cabe la apertura de la actuación judicial preventiva por el estado civil de ella, pero “se omite analizar la condición del apoderado de Cambiemos y presidente de la Junta Electoral ´Unión para vivir mejor, Cambiemos´ que detenta el accionante –Dr. Stoessel-”.

En esta línea, remarcó que el mismo ejerce actividad política aun después de haber sido designado Vocal del Tribunal de Cuentas, e interviene en el examen de las cuentas municipales, que tienen como Intendentes a integrantes del partido que él representa, como los municipios de Río Gallegos, Las Heras, Caleta Olivia y Pico Truncado.

De esta forma preguntó, en caso que abandonara su actividad política Stoessel, “¿podría seguir existiendo el riesgo de afectar el correcto funcionamiento del Tribunal?”.

Asimismo, Gaitán recalcó que en la sentencia que apela “se ha omitido un análisis legal razonable y sin más, pone en duda mi honorabilidad menoscabando mi dignidad, honra y reputación” y “no se alega otra causal que no sea mi estado civil, sin analizar mi capacidad técnica y jurídica, mi experiencia laboral y mi honorabilidad y reputación”.

RECUADRO DE NOTA

Tanarro contra Marinkovic: “Es alarmante y evidencia una intencionalidad que trasciende lo jurídico para situarse en un plano evidentemente político”.

La Fiscalía de Estado también se presentó apelando la resolución del juez Marinkovic. En el escrito –al que tuvo acceso TiempoSur- el fiscal Fernando Tanarro calificó como “lamentable” a la resolución y hasta sostuvo: “Como ya es una constante en la Secretaría de Amparos contra el Estado Provincial se dicta nuevamente una medida cautelar que genera graves consecuencias institucionales de pretexto en este caso de genéricas invocaciones no probadas ni siquiera mínimamente”.

Para el Fiscal “se ha perdido absolutamente la imparcialidad, poniéndose acento no en el interés público sino en el particular, favoreciendo a algunos –los de siempre-, para lo cual se hace uso y abuso  de procedimientos pensados para asegurar el goce de derechos fundamentales”.

También habló de “falta de fundamentos en el caso para otorgar una medida que genera -como ya hemos dicho– una cuestión de gravedad institucional” y “es alarmante y evidencia una intencionalidad que trasciende lo jurídico para situarse en un plano evidentemente político”.

Inclusive, Tanarro sostiene: “Nos encontramos con una resolución arbitraria desde el inicio, cuya nulidad es manifiesta”.

Instrumento político- En otro tramo, el Fiscal indicó que en el fallo de Marinkovic “solo nos encontramos ante una resolución dictada a las apuradas, carente de fundamentación, que contiene solo enunciados normativos abstractos y que, en síntesis, no es más ni menos que una decisión política arbitraria, con la cual –una vez más- el Juez se convierte en un instrumento político”.

Y añadió: “La intencionalidad política del Juez en función de la obtención de un  resultado es más que evidente, ello al punto tal de que ya directamente no existe disimulo y se deja de lado un aspecto tan elemental para toda decisión judicial como lo es la necesidad de resguardar el requisito de su debida –y seria- argumentación.

Con lamentable claridad surge que lo relevante ha sido la necesidad de cumplir el objetivo propuesto. Una vez más –ya como tantas otras-, la Secretaría de Amparos en contra el Estado provincial ha cumplido con deleite su encomienda”.