De qué se la acusa a Fernández, la jueza propuesta por el Gobierno para el TSJ

El 30 de septiembre, el gremio de empleados judiciales “3 de Julio” celebró una asamblea en la que decidió pedir el jury para la jueza de la Cámara de Apelaciones, René Fernández. La presentación se hizo el 17 de octubre y antes de que termine el mes, el Tribunal de Enjuiciamiento estaba constituido por el diputado del bloque de UPVM,  José Blassiotto, el abogado Gabriel Bertorello y el vocal Mauricio Mariani.

La última vez que un magistrado estuvo cerca del juicio fue otra mujer, Betina Bustos, que desde el vamos contó con una ventaja: el Tribunal de Enjuiciamiento tardó casi dos años en conformarse y además, cuando lo hizo, determinó que no había causales para analizar su destitución, algo que fue apelado, logrando que se revirtiera en Cámara de Apelaciones.

Fue el gremio el que también impulsó el pedido de destitución de la entonces  jueza de Instrucción y del Menor de Río Turbio, a la acusada, en los mismos términos que a René Fernández,  de  abuso de autoridad, de violencia y maltrato laboral y mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Aun cuando varios trabajadores dijeron haber sufrido hostigamiento y persecuciones, cuando A.F. una empleada que además era paciente oncológica, tuvo que ir al INADI por la discriminación a la que la sometía Bustos,  cuando profesionales tuvieron que presentar su renuncia o cuando son llamativos los permanentes traslados del personal, para el Tribunal de Enjuiciamiento, no hubo motivos para analizar la conducta de la Jueza de la Cuenca.

Cuando el 27 de mayo de 2015 los trabajadores presentaron una nota ante el TSJ, fue porque también Bustos recargaba en horarios al personal que tenía una actividad gremial, citaba a declarar a los médicos que entregaban certificados médicos o también obligaba a los trabajadores a dar aviso si se iban de la localidad.

¿Qué dice la denuncia contra Fernández?

Con un encabezado muy similar al de la presentación por Bustos, el gremio, con el patrocinio de la abogada Diana Huerga, acusa a René Fernández de no saber tener trato con sus pares ni con el equipo de trabajo.

Por ejemplo, cuentan que la Jueza ordenó la confección de un Registro de Resoluciones y Sentencias, pero que como lo hicieron con errores les pidió a los empleados que fueran fuera de horario a terminarlo y que eso les provocó estrés.

Otra empleada refiere que lloraba por el maltrato proferido por la Jefa de Despacho de la Cámara de Apelaciones, y otra mujer menciona que cuando volvió de su licencia por maternidad, también fue maltratada por la Jefa de Despacho. En esa línea, una tercera trabajadora acusa a la Jefa de Despacho de gritarle. La acusación que se da por elevación a Fernández, es que la Jueza luego la ascendió.

Pero la denuncia también habla de “gritos” de Fernández a Cecilia Cambón, titular de la Secretaría Nº 1. Como a la Cámara de Apelaciones le falta un integrante, Cambón debía subrogar para las votaciones y es ahí donde se producían -según el gremio- las agresiones de la Jueza, a tal punto que Cambón habría pedido una licencia psicológica y luego el Tribunal Superior de Justicia la eximió de tener que votar, cosa que ahora hace Sandra García, por lo general en adhesión a los votos de Enrique Arenillas.

Al igual que con Bustos, el pedido de juicio contra Fernández tiene como antecedente que, previamente, el personal se reunió con miembros del Máximo Tribunal para contarles su versión de lo que sucedía en Apelaciones.

600 días para analizar un expediente

Para lo que hace al presunto incumplimiento de deberes a su cargo, el gremio judicial echa mano a una estadística del 2012, en la que el TSJ dijo que la Cámara de Apelaciones tenía un retardo importante, y por lo tanto les había dado un plazo hasta el 30 de marzo del año siguiente para ponerse al día. Muchos de los expedientes con un promedio de dos años de atraso eran juicios laborales. Para cambiar eso el Máximo Tribunal afectó a  dos jueces civiles, hasta que en 2015 juró Arenillas.

Lo que recrimina el gremio es el hecho de que cuando se detectó que el fiscal Paso y Prada no cumplía con los tiempos procesales, el TSJ decidió indicarle un jury que el Fiscal sorteó presentando una carpeta psiquiátrica.

Asimismo, en la demanda hay una nota presentada por la Asociación de Abogados ante la Cámara de Diputados. En el escrito, se oponen a la designación de la magistrada como vocal ante el TSJ y enumeran una serie de expedientes en donde evidencian la lentitud de Fernández en comparación con Arenillas. En ese listado, mencionan que Fernández se tomó entre 125 y 600 días hábiles para el estudio de un expediente.

Al margen de estos argumentos, a los que le siguen otros respecto de su comportamiento en algunos expedientes, lo cierto es que hay una rivalidad manifiesta entre el gremio y la Jueza, que quedó al desnudo cuando los judiciales emprendieron una serie de escraches en su contra porque había votado la suspensión del acuerdo salarial del sector.

En esa ocasión, Fernández votó como vocal subrogante en el TSJ, en una medida que luego fue desestimada por el Máximo Tribunal, que aceptó un recurso de reconsideración a favor del gremio.

A esos escraches que incluían pegatinas con la imagen de la rana René de los Muppets, y algunas frases que la ponían como una operadora judicial del kirchnerismo, Fernández respondió con una demanda en los estrados del juez de Familia Diego Lerena, bajo los términos de violencia de género. Días más tarde, Lerena le dio la razón y ordenó al gremio a “cesar” la ofensiva.

Mientras tanto, la semana pasada, el pliego de René Fernández fue aprobado con las firmas de Matías Bezi, Jorge Arabel y Claudio García, por lo que su designación se tratará en la sesión del 28 de noviembre. Frente a esto, la bancada de Cambiemos reclama que primero se expida el Tribunal de Enjuiciamiento que, de avanzar, está obligado –aunque con distinta conformación- a hacerlo también sobre Bustos.