Denunciaron al juez Andrade por abuso de autoridad, incitación a la violencia y prevaricato

TiempoSur tuvo acceso al documento presentado ayer en la Justicia Penal, en donde el Gobierno denuncia el “perjuicio” que habría ocasionado la actuación del juez de Familia, Antonio Andrade, en el marco de la causa impulsada por las doctoras Claudia Guerra y Marta Dávila, ambas ex juezas penales que, por derecho propio y patrocinando a terceros, buscan el pago de sus jubilaciones.

Luego del cimbronazo político y social que acusó la denuncia de las profesionales esta semana, quienes acusaron a Ariel Ivovich y a su hermano Patricio de ejercer violencia de género verbal y física en contra de su persona, y de dos jubiladas, en momentos en que le fueron a llevar una notificación, ahora la Fiscalía de Estado intenta en el fuero penal, que se dirima la responsabilidad que tuvo Andrade.

La adjunta, Andrea Askenazy Vera, firma la denuncia por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato e incitación a la violencia. El escrito recuerda que el 11 de mayo, la Fiscalía de Estado, conjuntamente con la Asesoría letrada de la Caja de Previsión Social, acudió ante los estrados de Marcela Quintana, para que se pudiera habilitar el ingreso del personal del ente jubilatorio, impedido por la protesta de “Jubilados Unidos”.

Fue luego, y sin que el bloqueo hubiera cesado, que el juez Andrade dicte una medida cautelar en la causa impulsada por la abogada Guerra, en la que intima a la CPS a completar el pago de los haberes jubilatorios del mes de marzo, estableciendo el pago de una multa por cada día de mora en el cumplimiento de la resolución judicial.

En su resolución, Andrade escribe: “Notifíquese por cédula a librarse con la habilitación de días y horas inhábiles a diligenciarse en la persona del presidente de la Caja de Previsión Social, en el lugar donde se encuentre, en razón de la ocupación del edificio de dicho ente, que es de público conocimiento”.

Fue esa razón la que obligó a Guerra y Dávila a tener que buscar a Ivovich fuera de la CPS y que este martes, las llevó a encontrarlo en uno de los galpones de su hermano, en calle Parque Industrial, donde se dieron los gravísimos hechos denunciados.

“Concebimos que el magistrado se ha excedido en sus facultades, dictando una medida bajo apercibimiento de aplicar astreintes (multas) sabiendo que la misma -por las razones que él mismo invoca- es de cumplimiento imposible”, advierte la Fiscalía de Estado, acusando al magistrado de “incitación a la violencia”, ya que “no se entiende la pesquisa ilegal a la cual autorizo…”.

En cuanto a la acusación de prevaricato, el Gobierno se pregunta cómo es que Andrade pudo ordenar el pago inmediato de las jubilaciones “si no se podía ingresar a la Caja de Previsión Social, ¿de qué forma se podían liquidar los haberes de los jubilados?”. Más grave aún les resulta que haya ordenado “una pesquisa policial en la búsqueda del presidente del ente demandado, Ariel Ivovich, cuestión que como también es de público conocimiento, derivó en que el mismo fue interceptado en un domicilio privado, propiedad del hermano de éste, por dos letradas acompañadas por una gran cantidad de personas. Cuestión que casi termina en una tragedia”.

La Fiscalía de Estado sostiene también que el episodio policial y del que tomó intervención la jueza Marcela Quintana -las abogadas denunciaron haber sido golpeadas por Ivovich y su hermano, e insultadas por su condición de mujeres con frases de absoluta misoginia como ‘atorrantas’ y ‘putas’- “de casualidad no terminó en una desgracia” y que fue por culpa de Andrade, quien “habilitó una cacería de brujas, similares a las épocas más oscuras de nuestra historia”.