Colombia está considerando legalizar su industria masiva de cocaína

El senador Iván Marulanda habló sobre su proyecto de ley de legalización de la cocaína, que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso de la República de Colombia.

Después de 40 años de política antidrogas respaldada por Estados Unidos que criminaliza la hoja de coca, Marulanda y un grupo de miembros del Congreso quieren cambiar de táctica.

El proyecto de ley intenta crear una industria legal que distribuya cocaína a los consumidores como analgésico, no para uso recreativo. Al igual que en Bolivia, también espera sacar a cientos de miles de cultivadores de coca ilegales de las sombras a una industria legal de cosecha propia.

¿Qué propone exactamente su proyecto de ley?

Senador Iván Marulanda: Propone que el Estado compre la totalidad de la cosecha de hoja de coca que se produce en el país.

A esos cultivos están vinculadas más de 200.000 familias campesinas. El Estado compraría la coca a precios del mercado. Los programas de erradicación de la hoja de coca cuestan alrededor de cuatro billones de pesos colombianos (mil millones de dólares) cada año. Comprar la cosecha costaría 2.6 billones de pesos colombianos (680 millones de dólares). Cuesta menos comprar la cosecha que destruirla.

Con esa intervención del Estado en el mercado ocurrirían dos cosas fundamentales. Primero, se integrarían más de 200.000 familias campesinas a la institucionalidad, a la legalidad. Hoy, esas 200.000 familias son perseguidas por el Estado. Por lo general, estas familias campesinas terminan desplazándose, deforestando nuevas áreas y replantando coca mientras huyen de las autoridades. En segundo lugar, Colombia está destruyendo alrededor de 300.000 hectáreas de bosques al año. Se estima que las familias cocaleras son responsables del 25 por ciento de esa deforestación anual. Los ecosistemas de Colombia son el daño colateral.

¿Qué haría el Estado con todas las hojas de coca? 

El Estado suministraría materias primas a industrias artesanales -fundamentalmente de origen indígena - que producirían alimentos, harinas, productos medicinales y bebidas como el té de coca. Esas industrias ancestrales no han podido desarrollarse porque la materia prima está estigmatizada y perseguida por la justicia. Entonces, por un lado, se fomentaría el desarrollo de estas industrias. Las comunidades indígenas tienen una fuerte relación con la hoja de coca porque la han cuidado durante cientos de años.

Ahora, la hoja de coca también tiene otras propiedades. Los estudios demuestran que tiene una cantidad significativa de calcio. Se ha encontrado un valor nutricional importante. Y entonces sería una oportunidad para abrirse a la producción industrial. También tiene usos para la producción de fertilizantes.

La otra cosa que haría el Estado es producir cocaína para suministrarle a los consumidores colombianos; y también a centros científicos del mundo que investigan los usos de la cocaína sobre todo en la fabricación de materiales anestésicos. Esto no se ha podido hacer porque no ha sido fácil para estos grupos de investigación obtener cocaína. Por lo tanto, esto significaría que las empresas celebrarían contratos con empresas farmacéuticas de alta seguridad y de alta tecnología que produzcan esa cocaína de primera calidad.

En Colombia, el consumo personal de cocaína es legal. Es legal debido a un fallo judicial que reconoce el consumo personal como un derecho humano. En Colombia tenemos esas libertades y el Estado no puede intervenir. Sin embargo, lo que no tenemos es la cocaína legal para satisfacer esa demanda. En cambio, tenemos consumidores que están en contacto con organizaciones criminales que les suministran cocaína en los mercados de drogas locales. Es cocaína de mala calidad y a menudo se mezcla con sustancias no reguladas. Están por todas partes: en nuestras escuelas, universidades, parques y bares. Están en todos los lugares públicos.

Entonces, esta política significaría quitarle la materia prima a las organizaciones criminales y aislaría a los consumidores del crimen organizado. El Estado lo distribuiría a los usuarios bajo un programa de salud pública, efectivamente a través de médicos que evaluarían si una persona es apta para tomar cocaína para su dolor. ¿Tienen las condiciones físicas y mentales adecuadas? Esa es la pregunta que tendríamos que hacer. Y luego sería cocaína de alta calidad. Otra cosa importante aquí es que no todos los consumidores son adictos. Menos del 10 por ciento de los consumidores de cocaína tienen problemas de adicción.

¿Qué tan exitosa ha sido la guerra contra las drogas de Colombia?

Colombia tiene una política de drogas impulsada por militares y policías que se remonta a la década de 1980, cuando el narcotráfico era el arma poderosa de los cárteles. La primera reacción de Colombia, y también la respuesta de la comunidad internacional, fue iniciar una guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas es una política de orden público que considera las drogas como un delito. También es una persecución contra la planta de coca, cuyas hojas se utilizan para producir cocaína.

Esa política no ha cambiado desde la década de 1980. En realidad, la política de drogas de Colombia se ha vuelto más arraigada, más obstinada y más severa en su aplicación. Ahora estamos en el año 2020. Sin embargo, Colombia exporta el 90 por ciento de la cocaína en el mundo de hoy. Son unas 1.500 toneladas que salen del país cada año. Y hay unas 200.000 hectáreas de tierra cultivadas con coca. Estamos inundados de cocaína e inundados de muertes y violencia. Hemos perdido la soberanía sobre el territorio colombiano ante el dominio de las mafias criminales organizadas.

Durante este período de 40 años, la política antidrogas de Colombia se ha convertido casi en una religión durante dos generaciones. Dos generaciones que nacieron y crecieron con esta forma de pensar sobre las drogas. Pero esta política es ahora parte de nuestra cultura y dogma. Sin embargo, en 40 años, no hemos tenido una conversación real y honesta sobre esta política y sus resultados. Es una política que ha sido reforzada por la comunidad internacional y sobre todo por Estados Unidos.

¿Cómo desvincularía el comercio de cocaína de las organizaciones criminales? 

Tienes que recordar que el Estado tiene un gran margen aquí. El Estado está gastando mil millones de dólares en erradicación. Comprar hojas de coca le costaría al Estado 680 millones de dólares. Hay un fuerte margen fiscal y podrían hacer subir el precio si es necesario. Y si necesita más, tendrá que alimentar el programa con más gasto público. Pero lo importante aquí es salvar vidas.

La cuestión es que tenemos que recuperar el control del Estado. Estamos perdiendo el control del Estado por la corrupción, los narcos en la política. Están en municipios, departamentos y congresos. Hasta llegar a los escalones más altos del gobierno.

¿Qué cree que pensaría Estados Unidos sobre un comercio legal de cocaína en Colombia?

Estados Unidos ha sido un socio importante para Colombia.

Llevamos 40 años con una política que cuesta miles de millones de dólares sin éxito, a un costo muy elevado y mucha destrucción. Probemos esta otra política. Porque algo que no ha funcionado en los últimos 40 años simplemente no va a funcionar nunca.

Estados Unidos es como Colombia. Estamos tirando enormes cantidades de dinero a la basura en la guerra contra las drogas, en lugar de dedicarlo al desarrollo social y humano para mejorar el bienestar de las personas.

El escenario de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos será muy diferente [bajo el presidente electo] Biden.

¿Colombia tiene derecho a hacer lo que quiera con la cocaína?

Esta es la cosa. La política antidrogas no tiene el mismo efecto para un país como Estados Unidos o un país europeo que para Colombia. Somos los productores. Eso significa que esto está destruyendo las vidas de nuestra juventud, de nuestros soldados y policías. La economía está totalmente desfigurada por este negocio. Y mira los problemas de la corrupción. Es brutal. Nuestra actual anti-política está destruyendo a Colombia.

Hay países solidarios con Colombia en este tema. Colombia tiene todo el derecho del mundo a buscar una salida a este problema. Pero no descarto la posibilidad de que otros países quieran implementar una política de salud pública que suministre cocaína desde el Estado a sus consumidores. Le comprarían al Estado colombiano y distribuirían fuera del mercado negro.

¿Cuáles son los mayores obstáculos y amenazas a este proyecto de ley?

El primer gran obstáculo es abrir la conversación entre la opinión pública. Este ha sido un tabú gigante. Los colombianos nacen y crecen bajo el supuesto de que el narcotráfico es una guerra. No hay información sobre coca y cocaína. Entonces, con este proyecto de ley esperamos abrir la conversación.

En este momento, hay muchos partidos que tienen el poder, y han ganado ese poder vendiendo la guerra contra las drogas. Es su bandera política y les ha ganado muchos votos. Esa siempre ha sido la postura política tradicional de los partidos, el partido gobernante Centro Democrático y el partido conservador, Cambio Radical: luchar contra la cocaína como delito.

En nuestras próximas elecciones presidenciales en 2022, espero que el público le pregunte a los candidatos: "¿Qué opinan sobre la legalización de la cocaína?" Porque eso nunca ha pasado en Colombia. (VICE World News )