Siguen las dudas respecto a la reforma de seguridad impulsada por el Gobierno de Kast
Legisladores del sector expresaron reparos ante la falta de trabajo prelegislativo y cuestionaron los alcances de la iniciativa planteada por el Gobierno.
Un complejo panorama legislativo enfrenta el proyecto de reforma constitucional de seguridad presentado esta semana por el Ejecutivo en el Senado, luego de que diversos parlamentarios manifestaran sus dudas y pesimismo respecto a su factibilidad de aprobación.
La iniciativa busca restringir prestaciones sociales a personas condenadas por crimen organizado y propone la creación de un nuevo estado de excepción constitucional que permitiría limitar libertades personales por un período de hasta 240 días.
El proyecto generó críticas cruzadas enfocadas en el diseño comunicacional y la ausencia de coordinaciones previas a su ingreso formal. En este sentido, Andrés Longton, senador por Renovación Nacional, argumentó que "se podrían haber hecho las cosas distintas para que el contenido estuviera más acordado", valorando aun así la disposición al diálogo manifestada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau.
Gustavo Sanhueza, senador UDI, planteó profundas diferencias de apreciación política e ideológica dentro del debate y anticipó que "es bastante improbable que se apruebe la reforma en el plano que está estableciendo el presidente".
Por su parte, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Naveillán, indicó que la propuesta es un “mal proyecto”, enfatizando la necesidad de sostener conversaciones prelegislativas antes de ingresar la iniciativa al Congreso.
Frente a los reparos, el Subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, afirmó que el Gobierno mantiene total apertura al diálogo durante la tramitación, precisando que las medidas buscan intervenir zonas vulnerables con límites temporales y territoriales acotados.
La discusión coincidió con reflexiones en el espectro político sobre la materia. La diputada y presidenta electa del Frente Amplio, Gael Yeomans, reconoció que el progresismo reaccionó de manera tardía ante la urgencia del problema de la seguridad.
Por su parte, el diputado Patricio Pinilla (DC) respaldó el diagnóstico general, aunque desmarcó a su colectividad de dicha autocrítica al señalar que "la Democracia Cristiana desde un principio planteó la importancia de dotar al Estado de más herramientas para luchar contra la delincuencia".