Santa Cruz tiene Ley de Cierre de Minas  

Ayer se llevó adelante una nueva sesión ordinaria en la Cámara de Diputados. La misma fue presidida por el vicegobernador Eugenio Quiroga. Uno de los temas de la agenda política que se logró aprobar tiene que ver con la Ley de Cierre de Minas, siendo Santa Cruz una vez más punta de lanza y primera en el país contando con una legislación de esta índole. Se trató de un proyecto que fue elaborado en conjunto por los legisladores, empresas, operadoras y asociaciones que trabajan en el sector.

La norma sancionada, establece la obligatoriedad de la presentación del plan de cierre de minas por parte de “todo titular de concesión de actividad minera o autorizado por cualquier medio a realizar tareas mineras de sustancias de todas las categorías previstas en el Código de Minería”, el que deberá ser aprobado por la Autoridad de Aplicación.

También contempla que deben presentarse dos tipos de planificaciones, tanto para la etapa de exploración como explotación. Uno de ellos, abarcando aspectos conceptuales, conteniendo la planificación estratégica, con los posibles cierres progresivos y temporales, determinando las características técnicas del proyecto y los impactos que generará, entre otros aspectos. El otro plan debe ser detallado, presentado ante la Autoridad de Aplicación junto con las actualizaciones de los informes de impacto ambiental, con mayor detalle a medida que avanza el proyecto minero.

También cuenta con un capítulo en el que habilita la participación ciudadana, ya que una vez presentado por las operadoras “serán puestos a disposición de la ciudadanía a través de su publicación en el Boletín Oficial, un diario de mayor circulación y medios idóneos. Además, se efectuará una notificación a los Concejos Deliberantes de las localidades alcanzadas por el área de influencia. La Autoridad de Aplicación establecerá los mecanismos para la participación ciudadana”.

En este marco TiempoSur tuvo acceso al proyecto que se aprobó. Establece además el objeto del plan de cierre de minas, que es la ejecución de un conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que deriven del desarrollo de la industria minera, en los lugares en que esta se realice, de forma de asegurar la estabilidad biológica, física y geoquímica de los mismos, de conformidad con la normativa ambiental aplicable.

La ejecución de dichas medidas y acciones deberán proporcionar el debido resguardo a la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente, como así también gestionar los aspectos sociodemográficos, socioeconómicos y culturales vinculados al proceso de cierre de mina y garantizar por parte de los productores mineros la disponibilidad de recursos para afrontar los costos de las acciones de cierre y post cierre de acuerdo a esta ley.

La presente se aplicará a todo titular de concesión de actividad minera o autorizado por cualquier medio a realizar tareas mineras de sustancias de todas las categorías previstas en el Código de Minería, respecto de las actividades de exploración y explotación, que se encuentre en operación, que inicie operaciones mineras o las reinicie después de haberlas suspendido o paralizado antes de la vigencia de esta ley, o sean transferidas por cualquier título y no cuenten con un plan de cierre de minas aprobado por la Autoridad de Aplicación.

Observatorio del agua

Se sancionó además una ley que amplía la conformación del Observatorio del Agua, incorporando al Consejo Directivo creado por el Artículo 3° de la Ley 3732 – iniciativa que había sido impulsada por los diputados Jorge Arabel y Guillermo Bilardo, y promulgada en Enero de este año– a un representante del Poder Legislativo, e invita a designar a profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Delegación Santa Cruz, otro de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y uno de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Santa Cruz.

Esta ampliación fue impulsada por el presidente de la bancada del Frente de Todos, Matías Mazú, a los efectos de “poder alcanzar con mayor éxito el objetivo que persigue este Observatorio, que es generar un diagnóstico del estado actual del recurso, y en base a ello, las políticas que permitirán el mejor uso posible y sustentable del agua”, acercando de esta manera “la visión que desde las distintas comunidades científicas y de la sociedad en general se tienen sobre la sustentabilidad y el manejo actual del recurso, que contribuyan a la gestión”.

Aprobados

Continuando con la sesión, el Cuerpo Legislativo sancionó la resolución que pide a la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado que realice una extensión de alumbrado público, al barrio Ayres Argentinos de Río Gallegos. En el mismo sentido, aprobaron la resolución que solicita al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de cumplimiento a lo establecido en la Ley N°3704, realizando los controles necesarios que garanticen lo dictado en la Ley N°3141 y modificatorias, con relación a la contratación de mano de obra local en un 70% por parte de las empresas radicadas en la zona.

Más adelante, aprobaron la resolución que solicita a los Legisladores Nacionales representantes de la provincia de Santa Cruz, en la Cámara de Diputados de la Nación, aunar esfuerzos y criterios para iniciar el proceso de negociación que permita llevar a adelante los pliegos de obra y luego su puesta en marcha, de la conexión marítima entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, proyecto denominado “Cruce Marítimo del Sur”.