Qué es el PAINA y cómo se implementará en Santa Cruz

Tanto la Convención de los Derechos del Niño que la República Argentina ha incorporado en su Constitución Nacional como los Tratados Internacionales de Derechos Humanos constituyen un avance sustantivo para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Los principios, derechos y garantías que dichos tratados enumeran han sido enunciados en la Ley N°26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada en el año 2005, siendo incorporadas dichas normas a la legislación santacruceña a través de la Ley Provincial N°3062 y Decreto Reglamentario N°1258.

En este marco normativo, anclado en una perspectiva de derechos, PAINA establece las acciones destinadas a la promoción, protección y restitución de derechos, y en particular, aquellas coberturas que, por situaciones particulares, o por encontrarse con medidas de protección o excepción, o destinadas a adolescentes infractores de la ley penal, requieren de una apoyatura técnica, financiera o de acompañamiento de los organismos del Estado y del sistema de protección integral, para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

A nivel organizativo, este programa se encuentra constituido por cuatro componentes principales que abarcan la Protección y Restitución de Derechos, la Promoción de Derechos y Participación Ciudadana de Niñas, Niños y Adolescentes, el Fortalecimiento Institucional y la coordinación de Dispositivos destinados a adolescentes infractores a la ley penal.

Al respecto, el director de Sistemas Locales de Protección de Derechos, Mariano Mihlnikel, expresó: “Como parte de la SENAF me encuentro muy contento y satisfecho con la gran participación que logramos este año en relación al Programa PAINA. La verdad, es un gran logro que la mayoría de los municipios y comisiones de fomento de la provincia hayan adherido a esta política pública que tiene como fin garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la provincia. Nuestra función, además, se basa en asesorar, acompañar y fortalecer a los Servicios Locales de Protección y ayudar a repensar prácticas con una mirada desde la perspectiva de derechos”.