Pablo Ibáñez de la UOM: “La idea es nacionalizar el conflicto”

La provincia de Tierra del Fuego sigue en lucha contra la política del gobierno nacional que busca eliminar los aranceles a las importaciones de productos electrónicos.

En diálogo con La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Pablo Ibáñez, delegado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Tierra del Fuego, aseguró que, de aplicarse la medida, “la industria prácticamente queda con un certificado de defunción”.

A su vez, remarcó que esta situación se repite en otras provincias. “En Misiones, la industria yerbatera se encuentra afectada por la apertura de importaciones; en Santa Fe, la marca Verónica con 700 trabajadores que quedan en la calle por la apertura también de la industria láctea; en Tandil, la maquinaria agrícola que está entrando importada va a afectar gravemente la industria local”, detalló.

Ibáñez destacó que, en este contexto, los reclamos no se dieron sectorialmente sino que “hay prácticamente una provincia que está luchando, no sólo el sector metalúrgico”. 

Por otra parte, el delegado de la UOM señaló que el gobierno de Tierra del Fuego analiza una medida judicial.

“Es algo que viene aplicándose en el caso de la industria textil, que ya ha perdido el 50% de sus trabajadores desde que asumió este gobierno, y posterior a eso, se convocó a una reunión en Buenos Aires donde participó el sector empresarial y también nuestra organización gremial y hasta última hora estuvieron manteniendo negociaciones”, indicó. 

Las conversaciones pasaron a cuarto intermedio y desde el sector se mantienen “expectantes” mientras realizan el noveno día del paro por tiempo indeterminado.

Ibáñez destacó el apoyo de la UOM a nivel nacional y señaló que el secretario general Abel Furlan se hizo presente para acompañarlos.

“Como industria metalúrgica a nivel nacional estamos padeciendo la apertura de importaciones desde la rama de fundición hasta la rama de electrodomésticos línea blanca y nosotros desde la electrónica”, precisó. En ese sentido, aseguró que “la idea es nacionalizar el conflicto, el compromiso fue llevarlo a todas las seccionales”.

“Lo que estamos pidiendo nosotros es que los empresarios que manejan sus estructura de costos, que entienden perfectamente cómo es la afectación, decidan si es viable o no seguir con esta producción. Y en caso de que sí lo sea, nos den algún tipo de garantía para la continuidad laboral”, agregó.

Ibáñez remarcó que los empresarios tienen “línea directa con el gobierno, distinto a lo que pasaba en otras gestiones donde los primeros en ingresar éramos los trabajadores y podíamos llevar los reclamos hasta las máximas autoridades”.

Según relató, en esta oportunidad sólo fueron recibidos por Secretaría de Industria y Secretaría de Trabajo, “mientras que los empresarios pudieron hablar directamente con los ministros”.

“Esperamos que si han tenido esa posibilidad también hayan marcado cuáles son los inconvenientes que tienen para seguir produciendo y hayan sorteado los obstáculos que nos garanticen a nosotros la continuidad, porque acá la industria es fundamental para el desarrollo de toda la actividad económica de la isla”, alertó.

Por último, en relación a la capacidad instalada de Tierra del Fuego advirtió que hoy por hoy no supera el 70%.

“Con respecto a las dotaciones del año 2023, nos están faltando 2.000 compañeros que no han vuelto a ingresar y también se debe a la pérdida de uno de los productos que era madre, como el horno microondas. El gobierno decidió no renovar una medida anti-dumping el año pasado que protegía a la industria fueguina y pasamos de abastecer 100% del mercado local con hornos de Tierra del Fuego, a que ingresen 96% importados”, señaló.

Y finalizó: “Hay una capacidad instalada que permite fabricar cerca de 11.000 teléfonos celulares, 1.800.000 aires acondicionados, 3.500.000 televisores, pero estamos cerca del 50 al 70%”.