Matías Solano: “Es importante el avance”

El Ministerio de Hábitat tiene un plazo de 3 días para dar respuestas a la justicia por los desalojos.

Por orden de la justicia el Ministerio de Hábitat, a cargo del Ing. Jorge Ferraresi, deberá informar la situación de los desalojos en el país (plazo de 3 días) y el plan de contención (plazo de 5 días).

Gervasio Muñoz manifestó: “Es muy importante que frente a las prácticas profundamente abusivas que ha adoptado el mercado inmobiliario y en un momento tan sensible como el que estamos viviendo en términos sanitarios, el Ministerio de Hábitat lleve adelante un rol activo en la protección del derecho a la vivienda de millones de inquilinos que no pueden afrontar el pago del alquiler, o directamente están en riesgo de quedar en la calle”.

Por su parte, Matías Solano de Inquilinos Santa Cruz, dijo: "Es importante el avance en el seno de la justicia, ya que mientras el Ministerio de Hábitat trata de mirar para otro lado, la justicia le hace ver a los ojos a las miles de familias en situación desesperante, muchas de ellas ya en la calle".

Desde la Asociación Civil Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional nos hemos presentado en la justicia en representación de los inquilinos y las inquilinas de todo el país para solicitar que en el marco de la emergencia sanitaria siga vigente el Decreto 320/20 que suspende los desalojos y congela el precio de los alquileres.

Este lunes, el juez le solicitó al Ministerio de Hábitat Nacional que brinde información acerca del plan de contención para evitar que las familias inquilinas queden en la calle, y también, que informe cuál es la situación de los desalojos en Argentina.
Luego de la respuesta del Ministerio, el juez deberá resolver la cautelar por la suspensión o no de los desalojos.

Desilusionados

Pese a la vigencia de la nueva Ley de Alquileres, en ocho de cada diez contratos los precios aumentaron entre 40% y hasta más del 150%, según una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Nacional (FIN) en abril. Reveló además que las familias destinan más de la mitad de sus ingresos para enfrentar ese costo.
La nueva ley establece que los aumentos de los alquileres deben calcularse en función de un nuevo índice, que combina en partes iguales el índice de salarios (Ripte) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que la actualización debe ser anual y no semestral como se solía pautar antes de la normativa.

Mensualmente la FIN realiza una encuesta entre inquilinos de todo el país sobre las características de sus contratos, la relación del alquiler con sus ingresos, los aumentos y las perspectivas a futuro, entre otras consultas.
Los datos que más se destacaron en el relevamiento de abril, con fuerte participación de inquilinos de Santa Cruz, tiene que ver con los aumentos de precios.
Según respondió el 32% de los encuestados, se incrementaron entre 40% y 60%; el 21,6% informó que fue entre 100% y 150%; el 18% que fue de entre 70% y 90%, y 10,6%, que subieron más del 150%. Para los restantes, las alzas no superaron el 30%.

Ante esta situación, el 95% consideró que el Estado no controla el cumplimiento de la Ley de Alquileres y para el 91,4% que las inmobiliarias no respetan lo que indica esa normativa. Además, el 85,9% dijo que el Gobierno debería regular el precio de los alquileres.

Un dato contundente de la encuesta de abril es que en este marco de precios de los alquileres descontrolado, según lo que denuncian los propios inquilinos, seis de cada diez se dio por vencido en el sueño de poder comprar la anhelada casa propia.

Respecto de los recursos necesarios para cubrir los gastos que requiere costear una vivienda, el sondeo de la FIN reveló que el 55% de los ingresos totales del hogar se destinan al pago del alquiler.

Además, mientras que el 15,9% no pudo pagar el alquiler de abril; el 12,7% lo pudo saldar parcialmente; el 29,7% no pudo afrontar las expensas y el 11% sólo puedo cancelar una parte.

Aquellos que no pueden cubrir los gastos están apelando a reducir otros consumos (26,1%); se está endeudando (24,2%) y también se recurre a vender artículos de valor propios (9,7%).