Río Gallegos

Masiva marcha contra "taxis truchos": Hubo denuncia penal y analizan presentar un amparo

Taxistas y remiseros marcharon ayer al mediodía hacia el Municipio para solicitar una reunión con el Intendente. Insisten en la ausencia de controles en los "taxis truchos", que estiman circulan cerca de 300 en la capital provincial, pese a que existe una ley provincial y ordenanza que lo prohíbe.

Masiva marcha contra
Masiva marcha contra "taxis truchos" en Río Gallegos.
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Desde hace semanas los taxistas de Río Gallegos y autoridades municipales, incluido el abogado de la Comuna, realizan reuniones por los "taxis truchos" que circulan en Río Gallegos, una problemática que data desde hace más de seis años, cuando fue dado a conocer por TiempoSur y que, en el último año, aumentó.

Pero las reuniones no tuvieron ningún avance e incluso, según señaló Juan Ojeda, delegado de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, el sector no fue convocado a un encuentro realizado el viernes pasado.

Por la dilación y falta de contarles, los delegados de las Paradas de Taxis y remiseros resolvieron marchar ayer al mediodía hacia el municipio mismo. El grupo -que se conformaba con más de 150 autos- pidieron reunirse directamente con el intendente, Pablo Grasso, quien no se encontraba, ya que está en Buenos Aires.

"Nosotros debemos estar en todas las conversaciones porque sabemos cómo agarrar a los truchos y tenemos información. Por eso, habíamos quedado en que iban a llamar a la reunión a nuestro abogado, más dos representantes de los taxistas y eso no fue así", advirtió Ojeda.

Los "taxis truchos" o mal llamados "Uber" (ya que no es la aplicación mundialmente conocida) funcionan mediante mensajes por WhatsApp. Cuando comenzaron a operar por la ciudad años atrás, los costos eran considerablemente menores al de un taxi, que se rige por la bajada de bandera y caída de la ficha cada 90 metros.

"Los mismos delegados resolvieron la movilización. Queremos hablar pura y exclusivamente con el Intendente y nadie más, porque estamos cansados de mucha gente que no nos da una solución”, reclamó Ojeda.

El dirigente taxista dijo que el Municipio sostiene que "no hay nada legislado" en contra de este ilegal sistema de transporte, aunque recordó que en la norma que rige a los taxistas, establece la prohibición de "los clandestinos y que la Municipalidad debe hacer controles". "Esto está escrito hace rato", marcó.

En 2017 el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza que establecía en ese momento, una multa de 95 mil pesos, el secuestro del vehículo, inhabilitación para conducir para quien opere este tipo de transporte ilegal.

En diciembre de 2018, ante la inminente llegada de la App "Uber", la Cámara de Diputados aprobó en sesión extraordinaria la Ley Provincial Nº2417, que adhiere a la Ley de Tránsito Nacional 24.449, y que prohíbe la instalación de servicios de transportes que operan con aplicaciones, redes sociales y sistemas informáticos.

"Nos han hecho inspecciones y hemos pagado todos los requisitos que debemos hacer, pero para los ilegales no hay inspectores", acusó Ojeda e indicó que "pareciera que existiera una zona libre de inspecciones y operativos para los truchos".

El Departamento de Transporte municipal es quien tiene el poder para controlar a estos vehículos, por lo que Ojeda dijo que "es político, porque solo el Intendente debe pegar un llamado a Transporte para que salgan a hacer los operativos".

De no existir una reunión con el Jefe Comunal esta semana, el sector podría realizar una nueva movilización.

En la Justicia

En octubre del 2020 el asesor letrado de los taxistas presentó una denuncia penal en el Juzgado de la jueza Rosana Suárez, en contra de los vehículos ilegales.

El fallo, que se dio a conocer en marzo, siguió la "línea" en cuanto al fallo de la justicia de Córdoba y CABA: No lo consideró un delito penal, pero sí una contravención, por lo que quien tiene la competencia para hacer cumplir la norma es el Juzgado de Faltas.

Pero el Juzgado de Faltas tampoco actuó pese a que se realizaron también presentaciones administrativas, según contó a TiempoSur, el Dr. Juan Miguel Litvachkes.

"No entiendo la postura del Municipio, porque sería mucho más sincero un discurso en el que diga que no tiene los recursos para controlar o investigar, que estar discutiendo una cuestión legal", indicó el letrado, quien agregó que "no es serio para ser una excusa".

Mencionó que una "teoría" de por qué no existen controles, es porque este sistema ilegal de transporte suple la ausencia de colectivos, aunque alertó que estos coches no cuentan con la mínima seguridad para los pasajeros ante algún siniestro.

El abogado adelantó que analizan presentar un amparo, que solita a la Justicia medidas ante "un no hacer". "Sería obligar al Municipio a que cumpla con la ley, porque como no hay una obligación monetaria, acá sería el accionar, más conocido a los amparos ambientales", expuso. 

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