La justicia argentina avanza en una política conjunta en materia de género

En el marco de una jornada federal de trabajo, para analizar los avances en materia de género en la justicia argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las máximas autoridades de los tribunales superiores de justicia de todas las provincias firmaron un convenio marco de cooperación destinado a profundizar las actividades conjuntas que impulsan en materia de género.

En la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; el vicepresidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti compartieron el encuentro con las máximas autoridades de cada poder judicial y de las oficinas de la Mujer y de Género de las justicias provinciales, quienes presentaron las políticas que están implementado en la materia en cada jurisdicción.

“Desde la Corte Suprema Justicia de la Nación —como ustedes ven, con el apoyo unánime de todos los ministros—, pese a no contar con mujeres en nuestra integración, nos comprometemos profundamente en esta causa”, dijo Rosatti, y agregó: “Queremos honrar la memoria y el legado de quienes nos precedieron y quienes lideraron la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica. Vaya nuestro reconocimiento profundo y homenaje a Carmen Argibay y a Elena Highton de Nolasco. La mejor forma de honrar su memoria es continuar con su tarea, ahora enriquecida por la experiencia y el intercambio con todos ustedes”.

Rosatti destacó, asimismo, que la acción que se desarrolla en este tema desde el Poder Judicial tiene el “valor agregado de la permanencia, de la permanencia de las estructuras, de la permanencia de criterios”. En ese sentido, señaló que “es muy importante fortalecer siempre la institucionalidad con relación a los derechos de la mujer, a la protección de los vulnerables, a la protección frente a la violencia de género en el ámbito mismo del Poder Judicial”.

Más allá que en las máximas jerarquías, en términos generales, todavía prevalecen los varones, el presidente de la CSJN resaltó que hay otras cuestiones a tener presentes y sobre las que trabajar. “El aspecto de la conducta en el interior del Poder Judicial debe seguir mejorando, y mucho. Esto tiene que ver con los principios de actuación, con las buenas prácticas al interior de cada una de nuestras organizaciones. Y me parece que en eso todavía es mucho lo que hay que progresar. Y ni que hablar en el aspecto jurisdiccional y el análisis para la decisión judicial, teniendo en cuenta la perspectiva de género”, remarcó.

Ricardo Lorenzetti, en tanto, evocó los orígenes de las oficinas de Violencia Doméstica y de la Mujer, experiencias que sentaron las bases para iniciativas similares en distintos ámbitos y jurisdicciones. “Poco a poco el tema fue abordado por muchas provincias y se transformó en una política de Estado nacional que surgió desde el Poder Judicial y perduró a lo largo del tiempo”, dijo.

Todos los representantes provinciales coincidieron en destacar el valor de estos encuentros y el apoyo brindado en materia de capacitación y formación de áreas especializadas por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.

Acciones

Durante el encuentro se presentó una nueva edición del Mapa de Género de la Justicia Argentina (https://om.csjn.gob.ar/mapagenero/login/mostrarLogin.html).

Asimismo, se difundió el documento “Principios Generales de Actuación en Casos de Violencia Doméstica contra las Mujeres para la Adecuada Implementación de la Ley 26485” que responde a las obligaciones asumidas por el Estado argentino ante el Comité CEDAW, debido al tratamiento judicial del caso de Olga Díaz, reclamo patrocinado por la Defensoría General de la Nación.

Por su parte, cada una de las provincias compartió lo realizado hasta ahora en la materia.

Desde hace más de una década, la Corte Suprema trabaja para remover los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a justicia en materia de violencia tanto en el ámbito familiar (con la Oficina de Violencia Doméstica —OVD—) como interpersonal, y para incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial (a través de la Oficina de la Mujer — OM).

La OVD fue creada como un servicio rápido de acceso a justicia para las personas afectadas por hechos de violencia doméstica. Inaugurada en 2008, la oficina diseñó un sistema de gestión que permitió obtener datos estadísticos sobre causas de violencia doméstica. Las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Santa Cruz y La Pampa comparten su sistema de gestión.

De este modo, el Estado puede intervenir a través del diseño de políticas públicas eficientes. Se creó también el Sistema Intermedio, para aquellas jurisdicciones que no repliquen el modelo de atención de la OVD, que este año permite, además, evaluar el riesgo de los casos presentados. En este caso, las provincias adheridas son: Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes, Catamarca, San Juan, San Luis, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El sistema de gestión ya fue compartido con las oficinas de violencia doméstica de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Santa Cruz y La Pampa.

Por su parte, la Oficina de la Mujer implementó en 2015 un registro de datos de causas judiciales con el fin de investigar la muerte violenta de mujeres CIS, mujeres Trans y Travestis por razones de género, y creó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.

Para llevar adelante esta tarea, contó con la colaboración de todas las jurisdicciones del país.

La OM diseñó también el Mapa de Género de la Justicia Argentina, con el aporte de las jurisdicciones federales, nacionales y provinciales y los consejos de la magistratura nacional y provinciales.

Asimismo, en el marco de las convenciones internacionales de derechos humanos de las mujeres, la OM creó una base de jurisprudencia con perspectiva de género, donde se publican los fallos que aportan las diferentes jurisdicciones del país desde 2013.

En este marco, además, la Corte tiene a su cargo el registro sociodemográfico de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia, y elabora estadísticas de acceso público (cfr. los términos de la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales).

También se evaluó en conjunto los avances en la implementación de la Ley 27.499, Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

Cantidad de hombres y mujeres que trabajan en el T.S.J. de Santa Cruz.