Derechos

En un mundo justo las niñas no son madres

Ayer se celebró el Día de las Infancias en Santa Cruz. Soledad Cañumil, socorrista de Comodoro Rivadavia, dialogó con TiempoSur sobre la campaña que alcanza a toda la Patagonia sur apuntando a los derechos de las niñas y la interrupción legal del embarazo.

La Organización Mundial de la Salud entiende que obligar a parir es tortura.
La Organización Mundial de la Salud entiende que obligar a parir es tortura.
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Entre los nudos más australes de Socorristas en Red, la organización sureña asesora a cientos de mujeres y diversidades de Chubut y Santa Cruz en materia de derechos reproductivos y aborto. El año pasado estudios del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento demostraron que cada tres horas una menor de 15 años dio a luz en Argentina.

Durante el mes de agosto, la campaña “En un mundo justo las niñas no son madres” busca alcanzar las localidades de las dos provincias con material bibliográfico y de difusión respecto a esta temática. Soledad aclaró que están a disposición de las distintas organizaciones que apuntan a los derechos de las infancias y mujeres con perspectiva de género para visibilizar estos derechos. Las personas interesadas pueden contactarse a la página de Facebook Socorro Rosa Rabiosa.

Es alarmante el nivel de naturalización de la violencia que hay respecto a esta temática” resaltó, explicando que la medicina y la sociedad están impregnadas de violencia con respecto al cuerpo de las mujeres en general y las infancias en particular. “Se les niega su condición de persona y el ejercicio de sus derechos” denunció.

El dedo acusador sobre las madres niñas y adolescentes, quita la atención de otro plano preocupante: los embarazos a esta edad son consecuencia del abuso. Esto se conjuga con falta de implementación de la ley de Educación Sexual Integral y un sistema de salud debilitado en el que “hay muchos profesionales que no informan sobre los derechos”.

En estos casos, la normativa argentina habilita el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, contemplado en el Código Penal desde 1921 y validado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L de 2012. El aborto legal, seguro y gratuito, debe garantizarse por el Estado cuando se pone en riesgo la salud de la persona gestante, entiendo la misma como el desarrollo social, físico, psíquico y económico.

Ninguna niña consiente una relación sexual porque no se tienen herramientas” explicó Soledad. La socorrista entiende que tampoco se buscan medidas de reparación una vez que una menor de edad lleva a cabo un embarazo. “La maternidad hace un pasaje a la adultez que restringe un montón de derechos que tienen que ver con la infancia” alertó.

Todas las infancias deberían tener derecho a la educación, a la salud, a hacer deporte, a jugar y disfrutar de un ambiente sano, a no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo según la Ley 26.061. La defensora de estos preceptos entiende que su cumplimiento viene de la mano de un sistema de salud fortalecido y actualizado.

Desde la red sostienen un trabajo articulado que comprende a los niños y las niñas como sujetos de derechos con una visión progresiva. “Debemos comprender que las niñas que pasan por esta violencia están expuestas a mayor vulnerabilidad y violencia con un embarazo primero y luego tratando de criar a un bebé. Creemos que pueden ir adquiriendo mayor decisión y autonomía” resaltó Soledad.

La necesidad de profesionales, que desde su perspectiva representan legitimidad respecto a las temáticas de salud, es clave para atravesar estos procesos de manera informada y con perspectiva legal. En tiempos de pandemia, con un sistema sanitario abocado a su contención en la Patagonia sur “notamos más incertidumbre todavía en las consultas que nos hacen a diario respecto a estas temáticas”.

 

Lo personal es político

El espacio asesora principalmente en materia de salud sexual y aborto, pero durante el aislamiento recibieron consulta sobre violencia de género e intrafamiliar que las llevaron a organizarse con los entes gubernamentales que deben garantizar los derechos de las familias.

“Todavía hay una visión hegemónica respecto a lo que sucede dentro de los hogares y su carácter privado” destacó la socorrista Soledad Cañumil. Esta perspectiva pone en duda las violencias y los abusos. “Si se piensa así no se puede debatir ni politizar, esto reproduce y naturaliza las violencias, todo está conectado” resaltó. 

 

La visión social

Lamentablemente la mayoría de la población piensa que si una persona es capaz de concebir tiene que llevar la gestación a cabo” explicó Lorena Galeano. Desde la ONG Prevenir, Ayudar y Contener a la Niñez de Río Gallegos, acompañan y asesoran legalmente a las infancias patagónicas hace más de una década en materia de violencia. No tener en cuenta las condiciones, los deseos y las circunstancias del embarazo consecuencia de la violencia, el parto obligado y la maternidad forzosa, deshumaniza a la niña, adolescente o mujer.

La Organización Mundial de la Salud entiende que obligar a parir es tortura. “Hay que tener en cuenta los procesos fisiológicos y también la parte psicológica. No somos solo un cuerpo y después hay que criar” resaltó Lorena. Hizo hincapié en las familias. Se estima que el 80% de los abusos sexuales en la infancia en Argentina se dan dentro del núcleo familiar y de confianza de los y las menores y esto agrava la situación.

A veces no se tienen las herramientas y si la familia no puede, la salud pública debería poder abordar estas problemáticas. Corresponde la ILE directamente, acá no se puede tener en cuenta la moralidad religiosa o la ideología”, alertó la psicóloga social.

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