Santa Cruz

El reclamo salarial de judiciales, con una ley que, para el gobierno, ya era inaplicable

Los judiciales protestan para percibir aumentos que tienen como referencia Las Acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero ya en 2017 el gobierno provincial señaló que no podía enviar partidas extra presupuestarias para el poder Judicial, y que estas subas dependían de las arcas provinciales.

Los judiciales reclaman desde hace meses ante el TSJ.
Los judiciales reclaman desde hace meses ante el TSJ.
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Desde hace meses trabajadores judiciales reclaman por una recomposición salarial que, tiene como referencia, a las Acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la famosa “ley de enganche” o “ley espejo”, por lo cual los aumento que disponga la CSJ, deberían aplicarse en Santa Cruz.

Pero en este caso, el gremio reclama que la Corte dispuso aumentos en 2019 que luego, no fueron aplicados totalmente por el tribunal Superior de Justicia, y que recién lo están percibiendo en la actualidad. 

Además, expusieron que, en 2020, primer año de la pandemia, la CSJ otorgó en el segundo semestre un incremento para octubre del 10%, noviembre 10%, y diciembre del 7,5%.

“Acá a los judiciales nos reconocieron el 10% (de octubre) pero a pagar en 2,5% en noviembre, 3,5% en diciembre y 2,5% recién en febrero del 2022”, sostuvo Lucas Pachilla, Secretario de Prensa y Difusión del Gremio “3 Julio”. Es decir que, lo otorgado en 2020, los empleados recién podrán percibirlo en su totalidad en febrero de 2022.

“Nuestra situación es preocupante porque tenemos compañeros que están por debajo de la Canasta Básica de la Patagonia”, advirtió.

El gremio pide que el TSJ “cumpla la ley” 3022 paritaria que fue consensuada con la organización la Cámara de Diputados y el poder Ejecutivo en 2008.

“La ley habla de instrumentar, que es reconocer legalmente”, acotó el gremialista.

Mientras tanto el sector negocia con los integrantes del TSJ, y aunque hubo diversos encuentros, todavía no logran un acuerdo, lo que derivó en medidas de acción directa, como el realizado ayer con una medida de fuerza con el “retiro sorpresivo” durante las últimas tres horas laborales.

El sector –que incluye cerca de 1300 empleados- trabaja con aforo del 75% y también a contra turno por la pandemia, por lo que las medidas fueron tanto de manera presencial como virtual, con la “desconexión”. El reclamo ha sido “con picos altos de acatamiento”, expresó Pachilla.

 

EL RESTO

Queda demás un 10% y un 7,5% que el gremio no sabe si percibirán. “Seguiremos negociando porque dicen que ese 17,5% total no lo pueden ejecutar porque el gobierno no puede (enviar fondos al poder judicial). El Tribunal no ejecuta la ley y el Ejecutivo no imprenta lo acordado”, añadió.

Esta semana realizarán asambleas locales y la asamblea provincial para definir que “plan de acción” tomará la protesta.

“Pedimos que siga la negociación paritaria e ir estableciendo el reclamo que nos corresponde por ley porque luchamos para que se siga sosteniendo nuestro reclamo salarial”, remarcó.

“Queremos que se reconozca lo que dice la Ley, porque como suele pasarnos, nos pagan en cuotas, lo cual no es mucho y termina siendo menor cuando tenemos la necesidad de una canasta básica que no pueden ser cubiertas”, insistió.

Pachilla menciono que este conflicto debería solucionarse “corto plazo”, ya que la responsabilidad “debe recaer en los que tiene la capacidad en la toma de decisiones”.

 

YA SUCEDIÓ

Como toda organización sindical, el reclamo judicial tiene antecedentes. El más fuerte fue en 2017 cuando hubo paros extendidos y la justicia estuvo parada durante 120 días, sumado a un acampe afuera del TSJ.

A fines de 2016, el TSJ había solicitado al Ejecutivo provincial una partida extra presupuestaria de 626 millones de pesos destinados a gastos de personal.

El gobierno rechazó enviar estos fondos extras e incluso sostuvo que la “ley de enganche” tenía un tope ya que dependían de los recursos que disponga la provincia.

“El Poder Judicial no tiene una ley de enganche”, desmintió quien fuera en ese momento el ministro de Gobierno, Fernando Basanta, e indicó que si bien de manera automática se aplicaban los aumentos que dispone la Corte, estos “están atados a la posibilidad presupuestaria de darlos”. Incluso el gobierno fue a la justicia y presentó una demanda para que la ley de enganche sea declarada inconstitucional.

En el conflicto actual, resta aguardar si el TSJ solicitará oficialmente más recursos al Ejecutivo. Este año, ya hubo cuatro acordadas de la CSJ referente a incrementos salariales, que deberían aplicarse el año que viene.

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