Trevelin

El Estado Municipal adhirió a la Ley Micaela

El Honorable Concejo Deliberante de Trevelin aprobó la adhesión del Estado Municipal a la ley nacional 27.499, denominada Ley Micaela, en memoria de la joven entrerriana Micaela García, víctima de violación y posterior femicidio en el año 2017 y que generó una profundización de la lucha de distintos sectores de la comunidad, encabezados por colectivos feministas, para generar una política de capacitación para funcionarios y empleados de los organismos públicos en perspectiva de género y violencia contra las mujeres, sin importar jerarquía, forma de contratación, ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

El Estado Municipal adhirió a la Ley Micaela
El Estado Municipal adhirió a la Ley Micaela
COMPARTÍ ESTA NOTA

En la Hora de Preferencia, la concejal Emilia Méndez resaltó que “gracias al movimiento feminista y a  la enorme lucha de las mujeres hemos sido capaces de reconocer la falta de capacitación en perspectiva de género de muchos profesionales que trabajan en la temática y de los diversos organismos estatales”.

Explicó que la implementación de esta normativa “implica por un lado, prevenir y promover la adecuada intervención frente a situaciones de violencias por razones de género en los ámbitos laborales, donde funcionarios y funcionarias no sean quienes revictimicen, estigmaticen o violenten aún más a las víctimas y sus familias;  y por otro sensibilizar e interpelar desde la responsabilidad política a autoridades y agentes del estado, en la urgencia de iniciar procesos de capacitación en la temática para transversalizar la perspectiva de género en el diseño e implementación de políticas públicas de cada sector”.

“Los objetivos de esta ley son claros: incorporar el enfoque de género, en el análisis de la violencia contra las mujeres y disidencias, visibilizar y analizar las desigualdades entre los géneros y las relaciones de poder existentes entre ellos, a fin de ampliar la visión de la problemática y teniendo en cuenta que es un problema comunitario, una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos”, reflexionó.

Continuó Mendez afirmando que, “no se trata solo de  crear lugares específicos para la atención y la protección de la mujer víctima de violencia de género sino también de erradicar prácticas que ensanchan las brechas de la desigualdad. Por ejemplo, cuestionar las masculinidades o empezar a considerar como trabajo las tareas que realizan las mujeres día a día en sus casas: la crianza, el cuidado de las familias, que por el predominio de lógicas culturales machistas del patriarcado nunca fueron valoradas, sobre todo en términos económicos.  Debemos también reconocer las desigualdades estructurales que suceden en los ámbitos laboral, educativo, sanitario y de acceso a la vivienda”.

COMENTÁ