Conciliación obligatoria y recuperación de colectivos

Esta semana el conflicto entre el Municipio de Río Gallegos y Maxia tuvo un nuevo capítulo, en esta relación como mínimo tensa desde la asunción del intendente Pablo Grasso. El pasado miércoles, los choferes nucleados en el gremio del transporte dejaron afuera de la Municipalidad las unidades móviles, en el marco de un reclamo que se llevó adelante y terminó con presentaciones ante el Ministerio de Trabajo. En este sentido TiempoSur pudo conocer que ayer el Ejecutivo llevó adelante gestiones para poder tener una reunión de conciliación con el gremio, mediante la cartera laboral. Lo que se busca es que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta que mañana, sábado, se rubricará el acuerdo para la llegada de una nueva empresa de transporte público.

Por otra parte, ayer por la tarde desde la Comuna informaron que se encontraban trabajando para conseguir las llaves de los rodados y trasladarlos, estando todavía estacionados afuera del palacio comunal.

El acta

En este sentido TiempoSur tuvo acceso a la nota que presentó UTA ante la autoridad laboral. "No se ha realizado el pago total del salario del mes de junio, adeudando la diferencia salarial del mes de mayo 2020 y proporcional del primer sueldo complementario. Con el agravante de que la totalidad de los trabajadores están siendo estafados y perjudicados porque a los mismos se les hacen las retenciones de la ley previsional, obra social y no son depositados, ocasionando una grave situación”.

Asimismo remarcaron que "adjuntamos documental y ponemos en conocimiento que esta organización sindical ha resuelto convocar una asamblea para definir las medidas a tomar, proponiendo de nuestra parte la retención de tareas hasta que los mismos definan qué hacer y dejar de perjudicar a los trabajadores, siendo rehenes de una problemática política".

Denuncias

Desde la Municipalidad realizaron una conferencia de prensa luego del abandono de las unidades. Allí el secretario de Legal y Técnica, Jorge Cabezas, avizoró que esta situación puede también derivar “en una denuncia federal si hubiere un delito de índole penal por la falta de aportes de las retenciones a los trabajadores y no aportar a la AFIP”. “Nosotros realmente estamos atados de pies y manos, no tenemos como pagarlo”, acotó.

Entre tanto, ambos secretarios dejaron en claro que la presentación de la nueva empresa que se va a hacer cargo del servicio desde el próximo mes de marzo seguirá su curso, y que lo programado para este sábado sigue vigente.

“Lo que va a pasar el sábado -dijo Robles- es lo mismo que pasa desde el inicio de esta gestión. Es decir, nosotros ponemos una retama que luego se llevan. Y nosotros ponemos otra. Ponemos una lámpara, la rompen y la volvemos a poner. Nos cortan el cable de luz del vacunatorio y lo arreglamos. Nos bajan los vidrios de los colectivos, vamos y los arreglamos. ¿Nos quieren poner piedras? Pónganlas. Nosotros vamos a seguir adelante. Y esto va para todos los que tengan algún problema o animosidad personal o política contra la gestión. Tienen un momento, que es el de las elecciones, para elegir si quieren volver atrás”, deslizó.

Jorge Cabezas.