Como antaño: Los privilegios para las infancias

Por Paola Vessvessian*

Sin duda, es un momento de celebración que nos obliga a realizar un balance de los avances en su cumplimiento, valorando las lecciones obtenidas, consolidando las mejores prácticas y, por supuesto, identificando las dificultades para aprender de ellos.

Pero centralmente, es una oportunidad para pensar, de cara al futuro, los objetivos y metas a alcanzar, identificando las nuevas características que adquieren las problemáticas, las posibles vacancias en términos de políticas e instituciones públicas y, por supuesto, los déficits que requieren de urgente subsanación.

La sanción de esta ley de Protección Integral de Derechos fue un hito en un dinámico y complejo proceso social que, basado en los saberes y las prácticas de miles de voluntades, logró objetivarse en el plano de lo político, plasmándose en la normativa infraconstitucional.

Personalmente, siento el profundo orgullo de haber sido parte de esa movilización.

En ese ahora lejano año 2005, quienes integrábamos el equipo de la entonces ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, intuíamos que esta Ley (N°26.061) estaba llamada a convertirse en una bisagra histórica en la especificidad de las políticas de infancia y adolescencia, percepción que ha sido ampliamente ratificada en el devenir político y social de la Argentina.

En términos institucionales, el abandono del paradigma del “patronato” requería de la creación de las nuevas reparticiones y procederes, establecidos por la Ley, junto al rediseño del conjunto de los dispositivos gubernamentales existentes. Nada de ello sería efectivo ni duradero si no lográbamos generar un profundo cambio cultural y arraigar el paradigma de los derechos en el conjunto de la política pública y en la sociedad toda.

Sólo la poderosa fuerza, comprometida y transformadora, de la militancia social y política, en estrecha articulación con el Estado con todas sus capacidades y como cabeza y conducción del proceso, permitiría alcanzar el éxito.

La participación democrática y la generosa colaboración de miles de compañeras y compañeros, dieron legitimidad y fortaleza a las nuevas instituciones. El compromiso y la dedicación de todas las personas que trabajaban en los dispositivos estatales hizo el resto.

El destino quiso que me tocara ser la última Presidenta del CONAF y también la primera Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Un honor y un desafío.

La fuerza transformadora que logró parir esta Ley se desplegaba por todo país, con la creación de órganos de protección de derechos locales. En pocos meses, las condiciones para la constitución del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia estuvieron dadas y pudimos ponerlo en marcha, como valioso ámbito de debate, participación y concertación entre las autoridades de las provincias, la CABA y la SENNAF.

Así, el Poder Ejecutivo Nacional cumplió las mandas de la Ley en términos de instituciones creadas. Quedaba en poder del Congreso Nacional la designación del Defensor/a de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, adeudo que recién este año terminó de saldarse.

Sin desconocer la importancia de las transformaciones institucionales, sabemos que la sustancia del cambio de paradigma se juega en las prácticas cotidianas y en la generación de una conciencia social acorde.

Que las infancias dejaran de ser objeto de intervención para constituirse como sujetos de derechos, implicaba que las mediaciones fragmentarias sobre la “minoridad”, con la impronta de la judicialización, los “institutos” y “reformatorios”, debía ser superada por una mirada integral, basada en los conceptos del centro de vida y de las familias, para ser abrazada todos los estamentos estatales y por la comunidad.

Paulatinamente, este enfoque se ha ido convirtiendo en la tendencia general, aunque sigue costando permear algunas instancias que, pese a deberse a la infancia y la adolescencia, siguen atravesadas por pautas culturales centradas en los adultos.

No hubiera sido posible este giro copernicano en la política pública de infancia y adolescencia, si no se hubiera desarrollado en el contexto en que se dio.

¿Es posible hablar de la promoción de los derechos de la infancia cuando las familias quedan bajo el asedio del desempleo, la inseguridad habitacional y alimentaria, o imposibilitadas de acceder a sistemas básicos como el educativo o el de salud? No lo creo: el marco de recuperación generalizada de derechos fue un factor determinante para el desarrollo del proceso.

Por eso, sin duda alguna, el futuro de los Sistemas de Protección de Derechos estará signado por las características de la reconstrucción económica y social de la Argentina.

El cambio de rumbo desde la conducción del Estado Nacional nos permite, a pesar de los efectos gravísimos de la pandemia de COVID-19, transitar un período de esperanzas: es altamente valorable la decidida acción de todas las autoridades dirigidas a la protección de las familias con niñas y niños, especialmente de las edades más tempranas.

Claro que necesitamos continuar perfeccionando las políticas protectivas y restitutivas para con niñas, niños y adolescentes que sufren amenazas o vulneraciones en sus derechos. El desarrollo de las áreas gubernamentales específicas nos permite ser optimistas.

Asimismo, debemos consolidar como parte de los Sistemas de Protección de Derechos a todos los ámbitos institucionales que inciden en las infancias y adolescencias, y al conjunto de los espacios naturales que la comunidad construye para mejorar su calidad de vida: clubes, centros culturales, sindicatos, centros vecinales, etcétera. Todo ello bajo la prioridad de la promoción del protagonismo de niñas, niños y adolescentes, tendencia en curso que debemos saber profundizar.

En definitiva y como antaño, el gran desafío sigue siendo el de construir una Argentina justa, libre y soberana, en la que los únicos privilegios sean para la niñez.