Casas sin techos, ocupadas por más de 20 familias:  "No nos vamos a ir"

*Enviado Especial

La semana TiempoSur informó que, desde el 10 de marzo de 2021, más de una docena de viviendas correspondientes al Plan Federal Techo Digno se encuentran usurpadas en San Julián. (Leé la noticia acá). 

Desde aquella fecha, los ocupantes no fueron los mismos ya que, de acuerdo al municipio de San Julián, que se constituyó como querellante al ser el dueño de los terrenos en la causa, que tiene a cargo el Juez Ludovico Pio Pala, las casas tuvieron una “rotación” en las usurpaciones.

De las 64 viviendas que debían construirse, cerca de 44 se levantaron y sólo se encuentran terminadas en un 22% y 25%.

La comuna reclamó y apuntó al Juez, quien “no tomó una decisión de fondo”, advirtió el secretario de Gobierno Andrés Azuri.

Cada tanto, se iban usurpadores, pero llegaban otros.

Tal es así que, de acuerdo al funcionario, habían llegado a la localidad portuaria "tres familias nuevas desde Río Gallegos con promesas de trabajo”.

El sector - denominado "Barrio Popular Patagonia Argentina"- está situado en la parte alta de San Julián y tiene en su ingreso un árbol de navidad, pegado a los alambres que alguna vez rodearon la construcción que nunca terminó.

Muchas de las viviendas no tienen siquiera el techo colocado, lo que no impidió que sean ocupadas, ya que en algunos casos los ocupantes improvisaron un techo propio.

Hay diversas realidades: jefes y jefas de hogar sin trabajo, con changas o trabajo estable.

Los ocupantes- que en realidad serían más de 20 familias- realizan asambleas, pero no todos participan. Un caso en particular que pudo observar TiempoSur en el lugar, presenta una familia con tres niñas, un jefe de familia sin trabajo, que estaba cerrando con bloques la ventana de la vivienda.

La mayoría está construyendo y finalizando de manera precaria el lugar que habita.

En diagonal a esta vivienda, otra presenta un baño químico instalado en la parte de afuera. Quien la ocupa milita en un partido de izquierda y fue quien conversó con otro grupo de ocupantes para poder hablar con este medio.

Uno de los que conversó, es un amparista que presentó el recurso al Juzgado de Primera Instancia N° 1 denominado “PÉREZ VERÓNICA SOLEDAD Y OTROS S/ACCIÓN DE AMPARO" EXPTE 13075/2021 contra el municipio y SPSE para exigir la conexión de la red eléctrica, agua y red cloacal.

El amparo fue rechazado en noviembre del mismo año, ya que la justicia entendió que primero debía resolverse la vía penal originada en la primera denuncia y ordenó al mismo tiempo “un plan de contingencia para ambas instituciones”, es decir, el Municipio de Puerto San Julián y Servicios Públicos Sociedad Del Estado.

"El amparo fue en mayo del año pasado y en noviembre el Juez dictó una medida cautelar para que Servicios Públicos y la Intendencia hagan un plan de contingencia, para brindarnos los servicios que son luz y agua, pero todavía no hay repuesta de nadie", precisó Verónica a TiempoSur.

Dijo que es el Intendente "quien pone trabas" para que se cumpla lo que citó la justicia.

El costo de un alquiler, como sucede en todas las provincias, es alto en comparación a los sueldos que perciben, por ejemplo, los municipales de las distintas localidades, sin considerar siquiera, lo que es para una persona que realiza "changas". 

"No teníamos donde vivir porque los alquileres son caros y no los podíamos pagar", argumentó Verónica, y sostuvo: “Si uno tuviera un trabajo estable y pudiera pagar el alquiler, no estaríamos acá".

"No nos vamos a ir", dejó en claro Verónica, y otra persona aclaró que "no se trata de una usurpación" ya que esto "es ya un asentamiento"·

El municipio espera que el juez tome una decisión de fondo y ordene el desalojo, ya que no puede avalar una ocupación ilegal.

"La situación lamentablemente sigue siendo la misma: esperando una resolución de la justicia que lleva más de uno año sobre el desalojo y lamentablemente no hay respuestas", resaltó el secretario de Gobierno Andrés Azuri a TiempoSur.

Aunque no lo saben "a ciencia cierta” el funcionario indicó que en algún momento hubo dirigentes partidarios, quienes estuvieron "al principio acompañando" la ocupación.

Tres áreas efectúan mensualmente un relevamiento, en donde intervienen Acción Social, la Oficina de la Mujer y Oficina de Protección. "Hay chicos y tenemos que saber si están escolarizados, vacunados, qué necesidades tienen y si hay derechos vulnerados", contó Azuri.

El funcionario remarcó que hay personas "con trabajos estables", pero reconoció que el costo de los alquileres es alto para "un sueldo promedio".

Sin embargo, insistió en que "no es la vía para acceder a una vivienda", sobre todo para los más de 15 mil "vecinos que pagamos los impuestos, y a los cuales todos nos cuesta construir, y más allá de las necesidades que son reales, podemos asistirlos, pero no por esta vía de la extorsión".