Borquez cruzó a los concejales de la oposición por la Emergencia Municipal

En la pasada sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Puerto Santa Cruz del 21 de octubre, los concejales aprobaron la ordenanza de Emergencia Municipal debido a la “delicada situación económica que atraviesa la Municipalidad de Puerto Santa Cruz y el deterioro del poder adquisitivo de los haberes municipales”. 

Entre los considerandos exponen que “los trabajadores municipales, incluidos empleados administrativos, personal operativo, de carrera y funcionarios, han sufrido un deterioro constante de sus ingresos frente al aumento del costo de vida, con impacto directo en el consumo local, la salud, la educación y el bienestar de sus familias”, pero además que “el 91% de los hogares están endeudados, según un relevamiento realizado por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas, de acuerdo con este informe, la mitad compromete entre el 40% y 60% de sus ingresos para el pago de deudas, y que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) indica que la inflación para agosto 2025 arrojó un acumulado anual de 19,5 %”. 

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En este contexto expresan que “corresponde adoptar medidas urgentes para reconocer y atender esta situación crítica. estableciendo una herramienta que permita una recomposición salarial inmediata. a cuenta de futuras negociaciones paritarias, y que preserve los derechos adquiridos de los trabajadores”. 

La ordenanza de Emergencia Municipal se declara por 150 días corridos, prorrogables por igual plazo, y solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que priorice, dentro del esquema presupuestario vigente, las partidas destinadas al pago de salarios, permitiendo reasignaciones de fondos de partidas que no hayan sido ejecutadas en su totalidad en el marco de esta emergencia y articular ante el Ejecutivo Provincial los mecanismos de asistencias necesarios. Suspende la incorporación de nuevos empleados, ya sea contratado o permanente; modifica la jornada laboral a 4 (cuatro) horas diarias en áreas no esenciales, conforme a la reglamentación que al efecto considere y dicte el Departamento Ejecutivo; y convoca a una mesa de seguimiento integrada por representantes del Concejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo y organizaciones gremiales, para evaluar mensualmente el cumplimiento de esta Ordenanza y la evolución del salario municipal”. 

La respuesta 

El intendente de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Borquez realizó un veto parcial de la ordenanza, y respondió a la postura de los ediles. 

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“Resulta sorprendente y hasta paradójico el repentino interés manifestado por quienes, en su momento como oficialismo, mostraron una notable insensibilidad hacia el bienestar del personal”, expuso el jefe comunal al recordar que “el cierre de su gestión culminó con una situación salarial crítica para los jornaleros, dejándolos con el cincuenta por ciento (50%) de sus haberes pendientes de pago o que un modulo 4 a fines del año 2023 cobraba 160 mil pesos con una inflación del 211%, entre tantas otras cosas”.

Borquez habló de “información parcial, descontextualizada y malintencionada sobre las decisiones administrativas actuales”, y se refirió puntualmente al veto parcial de la ordenanza de Emergencia Municipal: “En el caso del veto parcial, es fundamental destacar que este se encuentra ampliamente argumentado y justificado en base a criterios técnicos y legales, cuya omisión en el discurso opositor parece ser deliberada”.

En este punto señala que “es ineludible señalar las acciones llevadas a cabo en el final de su mandato. Se ha documentado el ingreso masivo y la recategorización de personal ejecutada de manera apresurada e inapropiada, extendiéndose hasta el último día de su gestión. Estas decisiones, tomadas sin la debida previsión presupuestaria a largo plazo, comprometen al día de hoy seriamente la sustentabilidad financiera del municipio”, y continuó: “Resulta lamentable que la oposición legislativa opte por la politiquería barata y de corto plazo utilizando la legítima necesidad de los trabajadores como herramienta. Hacemos un llamado a la responsabilidad institucional: quienes hoy ocupan un rol legislativo fueron parte fundamental del poder ejecutivo, por lo que su actual postura debería basarse en la transparencia y la autocrítica, no en la manipulación de las demandas laborales”.

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El veto parcial 

El documento que lleva la firma del Ejecutivo Municipal detalla que “el Artículo 4° de la citada Ordenanza establece una reducción horaria a cuatro (4) horas diarias, medida que se contrapone con la declaración de emergencia, dado que una disminución en la jornada laboral conlleva necesariamente un incremento del gasto en concepto de horas extraordinarias, a fin de garantizar el normal funcionamiento de todas las áreas municipales, generando un impacto presupuestario no previsto”, y aclara que “la actual gestión, con fecha 20 de marzo de 2025, ya dispuso una reducción horaria general a cinco (5) horas diarias, medida que implicó una reorganización interna de las tareas en cada área y una adecuación administrativa que optimizó el funcionamiento municipal sin afectar la prestación de los servicios esenciales. En consecuencia, establecer una nueva reducción a cuatro (4) horas diarias resultaría innecesario, improcedente y contrario al objetivo de contención del gasto que fundamenta la declaración de emergencia”. 

Por otro lado, el Artículo 5° es otro de los vetados por el intendente, entendiendo que la se “dispone la convocatoria a una mesa de seguimiento; sin embargo, desde el presente año, esta gestión municipal ha conformado y establecido de manera formal una Mesa Laboral y Salarial, integrada por representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, Ministerio de Trabajo Provincial y de los trabajadores municipales, gremios ATE y SOEM”. 

“En virtud de lo expuesto, corresponde vetar parcialmente la Ordenanza N° 642/25, en lo referido a sus Artículos 4° y 5°, promulgando el resto de sus disposiciones”, cerró.