Audiencia Pública: Distribuidoras de Gas pidieron una suba del 273% para la Zona Sur

Una nueva Audiencia Pública se realizó este miércoles, convocada por ENARGAS. En esta oportunidad, se trató el pedido de recomposición en las tarifas de  las empresas que transportan y distribuyen el gas en nuestro país. El 6 de diciembre pasado, la audiencia evaluó los precios que el Estado tomará a su cargo, es decir, qué porcentaje del precio del gas en el punto de ingreso al sistema (PIST), que es el precio que reciben las productoras, sería cubierto.

La audiencia -que no es vinculante- contó con al menos 40 expositores, en su mayoría representantes de las distribuidoras, que detallaron por qué deben autorizarles subas, luego de no haber podido incrementar sus tarifas desde marzo de 2022.

Todas expusieron detalladamente los costos que debieron afrontar debido a la inflación y como sufrieron pérdidas, principalmente desde 2019, cuando el presidente Alberto Fernández aprobó la Ley de Solidaridad que significó un congelamiento.

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Sur

Una de las empresas  disertantes -a cargo de Alejandro Pérez-  fue Camuzzi Pampeana y del Sur, que está a cargo del 45% de la distribución en el país.

Pérez detalló cómo se compone la factura del usuario, en donde el 55% corresponde al precio del gas, 6% de la tarifa de transporte, 9% tarifa de distribución; y 30% impuestos y otros. "Ese 9% es el único ingreso de la Distribuidora", destacó, y sostuvo que el usuario "nos ve como la cara de la factura de gas que paga, pero es una parte muy chica de la factura".

Indicó que el Índice de Precios Mayorista (IPIM) alcanzó el 1.185% desde 2017, pero que paralelamente la distribución del gas aumentó solo 255%. Este desfasaje derivó en mayores gastos con menores ingresos, y que las empresas no puedan tener "una ganancia razonable y justa según el marco regulatorio".

Todas las empresas advirtieron que el incremento en el costo de distribución debería comenzar a aplicarse desde febrero, ajustados al IPIM,  para que de esta manera se pueda compensar el desfasaje.

En el caso de Camuzzi,  Pérez recalcó que de no autorizarse el aumento, la empresa "no podría siquiera pagar sueldos" en el  año en curso. "No se puede continuar con esta inercia", dijo y añadió que "no es un aumento para ganar plata". Luego detalló cuánto debería ser el incremento  para la zona Sur y Pampeana, y cómo impactaría (en pesos) en el usuario de acuerdo a cada categoría.

Por ejemplo, la suba alcanzaría un promedio de 273% en la Zona Sur, con el siguiente detalle:

Residenciales                283%

Servicio General P           295%

Servicio General G           170%

Grandes Usuarios              88%

GNC                                 295%

Subdistribuidores y          283%    

Entidades de Bien Publico

Dichos porcentajes -mencionó Pérez- alcanzarían a cubrir los costos mínimos de operación y mantenimiento y las inversiones impostergables, pero "no incluye ganancia".

Estos porcentajes significan un aumento de 1.045 pesos (promedio)  para Usuarios N1 de la provincia de Neuquén (de mayores ingresos) en la Zona Sur par un R3 1, que actualmente abona por distribución en la factura 273 pesos. Así este usuario pagará una factura total de 4.000 pesos, frente a 3.100 que abona hasta ahora.

Para un usuario N2 (ingresos bajos) cuya factura está subsidiada en su totalidad, es el mismo incremento, con una factura final  que ahora alcanza los 1.428 pesos y que se iría a los 2.325 pesos.

En promedio, el 74% de los usuarios de la Zona Sur pagarían 1.000 pesos por concepto de distribución en la factura; el 10% pagaría de 1.000 a 1.200; y el 16% de 1.200 a 1.800 pesos.

Impagable

"Debemos garantizar el acceso universal a servicios  con tarifas justas y razonables y debe analizarse el atender la realidad económica de los hogares argentinos", apuntó Pedro Alberto Bussetti, referente de DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores).

Bussetti se opuso y rechazó -al igual que todas las organizaciones- a un aumento de "cualquier tipo" de suba que impacte en la factura final.

Diego Mielnicki, defensor Público de la Ciudad de Buenos Aires, expuso que aunque puede existir un atraso en las tarifas "existe un atraso en los salarios". "Los porcentajes planteados por las empresas llaman la atención  y planteamos nuestro rechazo absoluto", precisó.

Manifestó que las empresas obviaron mencionar el contexto: años de un endeudamiento histórico, una inflación "muy fuerte", con "recomposiciones salariales que ni siquiera acompañan a la inflación", por lo que "plantear un aumento en los Servicios Públicos esenciales, nos parece un absoluto despropósito".