Rusia consideró la incautación del buque petrolero un "acto de piratería absoluta"
La embarcación, también conocida como "Marinera", fue señalada como parte de una "flota fantasma" y Estados Unidos ya había intentado capturarla el mes pasado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia elevó este miércoles una exigencia formal al Gobierno de los Estados Unidos para que garantice el "regreso rápido y sin condiciones" de los ciudadanos rusos que integraban la tripulación del petrolero Bella 1, también conocido como Marinera, que fue secuestrado en las últimas horas por las fuerzas estadounidenses.
Miembros de las fuerzas especiales de los Estados Unidos abordaron la embarcación a las 15:00 horas (hora de Moscú) en medio del Atlántico Norte, y a partir de ese momento se interrumpió la comunicación del buque petrolero con Rusia.
Desde el Ministerio de Transporte ruso informaron que el buque petrolero tenía desde el 24 de diciembre pasado una autorización legal, aunque temporal, para navegar bajo pabellón de la Federación Rusa en aguas internacionales.
La agencia TASS difundió en las últimas horas un comunicado oficial en el que consta que el abordaje se produjo en alta mar, fuera de las aguas territoriales de cualquier Estado, lo que constituiría una violación directa de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.
Por eso el Kremlin calificó la acción como un acto de agresión unilateral y exige un trato "humano y digno" para sus marineros, advirtiendo que monitorea de cerca cada movimiento de las tropas estadounidenses.
Estados Unidos contó con apoyo del Ministerio de Defensa del Reino Unido para el operativo que tuvo lugar en la estratégica frontera marítima entre el Reino Unido, Islandia y Groenlandia (zona conocida como brecha GIUK).
El secuestro del Bella 1/Marinera marca una escalada en la cooperación aliada para desmantelar la "flota fantasma" que evade las sanciones impuestas tras la detención de Nicolás Maduro.
De hecho, el gobierno de los Estados Unidos justificó la incautación bajo el marco de las sanciones contra el narcoterrorismo vinculadas a la administración de Nicolás Maduro, argumentando que el cambio de bandera fue una maniobra fraudulenta de último momento para evadir la justicia.