Proponen Observatorio Provincial de Violencia y Acoso Laboral
El proyecto presentado por la diputada Rocío García fue girado a comisiones en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. El organismo relevaría denuncias y situaciones de violencia laboral tanto en el sector público como privado y elaboraría informes semestrales.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Santa Cruz propone crear un Observatorio Provincial de Violencia y Acoso Laboral destinado a relevar, analizar y generar herramientas para prevenir este tipo de situaciones en ámbitos laborales públicos y privados.
La iniciativa, impulsada por la diputada Rocío García y girada a comisiones durante la última sesión ordinaria, plantea la conformación de un organismo multisectorial e interdisciplinario enfocado en la prevención y erradicación de las distintas formas de violencia ejercidas contra trabajadores de la provincia.
Entre sus funciones se encontrarían la recopilación y sistematización de información, el monitoreo de casos, la elaboración de estadísticas y el diseño de campañas de sensibilización, difusión y prevención.
El proyecto también propone crear un registro provincial de situaciones y denuncias de violencia y acoso laboral. Según establece la iniciativa, los datos incorporados al mismo tendrán carácter confidencial.
El Observatorio tendría además que elaborar informes cada seis meses sobre la situación y evolución de la violencia laboral en Santa Cruz. A partir de esos documentos podría formular recomendaciones y líneas de acción, aunque las mismas tendrían carácter consultivo y no vinculante.
La propuesta define como violencia y acoso laboral a aquellos comportamientos, prácticas o amenazas que puedan provocar daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos, incluyendo expresamente la violencia y el acoso por razones de género.
Para su funcionamiento se prevé la conformación de un Consejo Asesor con participación de representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, además de autoridades laborales nacionales y representantes de asociaciones sindicales o gremiales estatales.
Los integrantes desempeñarían sus funciones ad honorem y el Consejo sería convocado una vez por mes por la autoridad de aplicación que determine el Poder Ejecutivo provincial.
En los fundamentos se señala como antecedente la legislación nacional vinculada al Convenio sobre eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, además de protocolos provinciales ya existentes.
La iniciativa aclara que el Observatorio no reemplazaría los mecanismos formales de denuncia ni tendría intervención en los procedimientos administrativos correspondientes, sino que funcionaría como una herramienta complementaria destinada principalmente a la prevención, producción de información y diseño de políticas públicas.
El proyecto continuará ahora su tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados.