$ 400.000 millones de anticipo financiero a 12 provincias entre ellas Santa Cruz
El Decreto 219/2026 oficializó el mecanismo de anticipos financieros a cuenta de la coparticipación federal para 12 provincias. La medida fijó una tasa del 15% anual, estableció la devolución dentro del mismo ejercicio fiscal y facultó al Ministerio de Economía a retener recursos coparticipables para garantizar el reintegro.
Tal como lo adelantó TiempoSur en su edición del día domigo, el Gobierno nacional oficializó este lunes un esquema de anticipos financieros por hasta $400.000 millones para 12 provincias, entre ellas Santa Cruz y Chubut, a través del Decreto 219/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida habilitó a la Secretaría de Hacienda a otorgar asistencia durante el Ejercicio Fiscal 2026, fijó las condiciones de devolución y estableció el mecanismo de recupero de los fondos por parte del Estado nacional.
La norma dispuso que cada jurisdicción podrá recibir una suma determinada en función de su capacidad de repago y de su participación en la recaudación de tributos nacionales. El esquema alcanzó a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
De acuerdo con lo establecido en el decreto, los fondos no constituyeron transferencias definitivas sino adelantos a cuenta de la coparticipación federal. En ese marco, el texto oficial precisó que las provincias deberán reintegrar el dinero recibido dentro del mismo ejercicio fiscal.
Uno de los puntos centrales de la oficialización fue la incorporación de una Tasa Fija Nominal Anual del 15% sobre los saldos, aplicable desde el momento del desembolso hasta la devolución total de los anticipos. De esa manera, el Ejecutivo nacional unificó un criterio financiero para el conjunto de las jurisdicciones alcanzadas por la medida.
A su vez, la norma facultó a la Secretaría de Hacienda a retener automáticamente recursos de coparticipación para asegurar el recupero de los fondos, incluyendo tanto el capital como los intereses generados. El decreto también contempló la posibilidad de suscribir acuerdos bilaterales con cada provincia para definir condiciones específicas de desembolso y cancelación.
En los considerandos, el Ejecutivo nacional señaló que la medida buscó “procurar soluciones inmediatas” frente a problemas financieros transitorios en las provincias. En esa misma línea, ratificó que los anticipos se otorgaron en el marco de la Ley 11.672 y la Ley 23.548, con garantía de repago mediante afectación de recursos coparticipables y autorización de retención automática.
El texto oficial también incluyó una modificación al Decreto 922/2025, que había dispuesto un anticipo para Entre Ríos. En ese caso, el Gobierno adecuó la tasa de interés al 15% anual para dejarla en línea con el nuevo esquema general definido para las provincias incorporadas en esta asistencia.
La oficialización consolidó así un mecanismo de financiamiento intraestatal que ya había comenzado a aplicarse y que ahora quedó formalizado con alcance para múltiples jurisdicciones. El nuevo esquema dejó establecido un marco común para futuros desembolsos, con pautas precisas sobre monto total, tasas, plazos y recupero.
En el caso de Santa Cruz, el antecedente inmediato señalado en la información publicada indicó que la provincia ya había recibido cerca de $100.000 millones en concepto de adelanto. Según se consignó, este tipo de herramienta respondió a pedidos de las jurisdicciones que manifestaron dificultades transitorias para afrontar gastos corrientes y compromisos de deuda.