Milei firmó el decreto que aumenta el sueldo de sus funcionarios
A través del Decreto 931/2025, publicado en el primer Boletín Oficial de 2026, el Gobierno dispuso una actualización salarial para ministros y altos cargos del Poder Ejecutivo. Los haberes permanecían sin cambios desde diciembre de 2023, en el marco del ajuste aplicado al inicio de la gestión.
La decisión excluye al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y no contempla el pago de retroactivos. Según lo establecido en la norma, el aumento busca recomponer parcialmente los salarios de los funcionarios alcanzados.
El decreto también incorpora una cláusula de salvaguarda fiscal: los incrementos quedarán suspendidos de manera automática en caso de que la Administración Pública vuelva a mostrar déficit, con el objetivo de preservar el equilibrio de las cuentas públicas y sostener el superávit.
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Pese a que en los días previos se habló de una recomposición que podía oscilar entre el 60% y el 100%, la normativa no precisó los montos que comenzarán a percibir los funcionarios, cuyos haberes permanecían congelados desde diciembre de 2023.
La adecuación salarial impactará sobre las remuneraciones de los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional comprendidos en el Decreto N° 838/94 y sus modificatorias; sobre las autoridades superiores alcanzadas por el régimen del Decreto N° 1716/92 y su normativa complementaria, así como por el Decreto N° 140/07; y sobre aquellos funcionarios que detenten rango y jerarquía equivalente.
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El decreto incorporó, además, una cláusula de resguardo fiscal. Allí se estableció que “en caso de que la Administración Pública Nacional presente un déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones de las Autoridades Superiores referidas quedarán automáticamente congeladas y no podrán recibir incrementos mientras dicha situación persista”. Según se consignó, la finalidad de ese apartado es “reafirmar la importancia del superávit fiscal”.
En los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que “resulta necesario asegurar que las funciones de conducción superior del Estado Nacional cuenten con un esquema de remuneraciones adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”.