Masiva marcha y documento político en Río Gallegos

Las organizaciones vinculadas al peronismo realizaron un acto en Río Gallegos por los 50 años de la dictadura, concentraron en el Complejo Cultural frente al monumento a los 30.000 desaparecidos y luego marcharon por avenida San Martín, para girar hacia Kirchner y España, donde leyeron un documento con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei, respaldo a las políticas de derechos humanos y consignas en memoria de los desaparecidos.

La actividad reunió a militantes y adherentes que participaron primero de la concentración en el monumento a los 30.000 desaparecidos, en el Complejo Cultural, y luego avanzaron en columna por el centro de la ciudad. Durante el recorrido, se escucharon consignas vinculadas a la memoria colectiva, a la defensa de las políticas de memoria, verdad y justicia y cuestionamientos al oficialismo nacional por el rumbo económico y por lo que definieron como posturas negacionistas.

En ese marco, las agrupaciones ligadas al peronismo leyeron un documento político en el que fijaron posición sobre el aniversario del golpe y trazaron una línea de continuidad entre la dictadura y la actualidad. Allí expresaron: “Compañeros y compañeras.”.

En el inicio del texto, las organizaciones plantearon una lectura histórica y política del golpe de Estado y afirmaron: “A 50 años del inicio de la dictadura militar más sangrienta que recuerda nuestra historia, las fuerzas populares de Río Gallegos y Santa Cruz nos convocamos no solo a recordar, sino a denunciar la continuidad de un proyecto de muerte. El golpe del 24 de marzo de 1976 no fue un error cívico-militar.”. En esa misma línea, remarcaron: “Fue una operación planificada para instaurar un proyecto político y económico que extendió también sus tentáculos en el universo social y cultural con un único fin, aniquilar la soberanía política, la independencia económica y la justicia social instalando además una economía de despojo que hoy bajo nuevas formas intenta destruir las esperanzas de nuestro pueblo.”.

Más adelante, el documento reivindicó el proceso democrático de juzgamiento a los represores y subrayó el valor de las políticas de derechos humanos construidas en el país. En ese tramo, señalaron: “Frente a tanto horror, nuestra democracia supo construir un faro de dignidad que es ejemplo del mundo. Reivindicamos como un logro irrenunciable el juzgamiento a los represores y genocidas que permitió romper el ciclo de impunidad y sentar en el banquillo a los responsables del terrorismo de Estado.”. También agregaron: “En este sentido, abrazamos la búsqueda incansable que continúa hoy por dentro de nietos y niños apropiados, con la genuina convicción y cada identidad recuperada es un triunfo de la verdad sobre el silencio impuesto por las botas y los fusiles. En consecuencia, mantenemos en alto con orgullo y compromiso militante la permanente búsqueda colectiva de memoria, verdad y justicia para nosotros y para nuestra posteridad.”.

El pronunciamiento también vinculó la historia represiva nacional con episodios propios de Santa Cruz y trazó un paralelo entre las huelgas obreras patagónicas y el terrorismo de Estado. En ese apartado, expresaron: “Pero que nadie se equivoque o pretenda tergiversar nuestra memoria histórica, porque los santacruceños sabemos que existe un hilo conductor que une al teniente coronel Varela, responsable del fusilamiento a los obreros patagónicos con Videla, ya que los animaba el mismo espíritu, la misma intención e idéntica impunidad. A 106 años del fusilamiento de 1500 obreros en nuestras tierras santacruceñas, el recuerdo de las huelgas patagónicas sigue viva.”.

En relación con ese proceso histórico, las agrupaciones remarcaron además una continuidad entre los intereses económicos de entonces y los actuales, y pusieron en valor una decisión política de la gestión de Alicia Kirchner. Así lo manifestaron: “En 1921, el ejército actúa al servicio de los latifundios extranjeros Para masacrar trabajadores, hoy el tablero distribuye otras fichas en donde los intereses económicos y políticos convergen en un mismo destino y con las mismas víctimas. Es por esto que destacamos la decisión histórica de la gestión de Alicia Kirchner, quien impulsó la querella para que estos fusilamientos sean declarados crímenes de lesa humanidad.”.

A su vez, el documento incorporó cuestionamientos hacia la actual administración provincial y sostuvo que hubo un retroceso en la continuidad institucional de esas políticas. En ese punto, indicaron: “Hoy vemos con preocupación como el actual gobierno de Claudio Vidal desconoce esta acción política y ha abandonado, la continuidad de la misma en términos de vigencia institucional de una política de Estado clara y comprometida con los derechos humanos.”. Luego añadieron: “La decisión política de Alicia Kirchner buscó que por medio de esta acción judicial el Estado Nacional reconozca su responsabilidad en la masacre y se logre una reparación para los trabajadores que dieron su vida por la dignidad.”.

Las organizaciones también señalaron la ausencia del Gobierno provincial en materia de políticas de memoria referidas a los desaparecidos santacruceños y denunciaron la persistencia de discursos de estigmatización. En el texto leído durante el acto, sostuvieron: “En este contexto se inscribe también la ausencia del gobierno provincial en relación con las políticas de memoria, verdad y justicia para el reconocimiento de los compañeros y compañeras desaparecidos en la provincia de Santa Cruz. Ayer lo llamaron bandoleros.”. Y continuaron: “En el 66, subversivos y hoy utilizan la doctrina de la manipulación y la promoción del odio para señalar como criminales a quienes defienden el pan de los argentinos y argentinas. A partir de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, las políticas de Estado en materia de derechos humanos alcanzaron un reconocimiento mundial y son aún hoy un ejemplo para los pueblos oprimidos, ajusticiados y sometidos a constante represión y silencio.”.

En otro de los pasajes, las agrupaciones reivindicaron la centralidad de las políticas de derechos humanos impulsadas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y denunciaron su desmantelamiento. En ese tramo afirmaron: “A esa gran bandera de la dignidad nacional ha intentado hacerla desaparecer con el desmantelamiento sistemático de espacio e instituciones que Néstor y Cristina construyeron junto a nuestro pueblo y a las madres abuelas de Plaza de Mayo. La memoria política de los argentinos guarda en su espíritu y su razón estos principios políticos que son códigos éticos para quien desee gobernar la Argentina y en ese legado nos reconocemos.”.

Sobre el escenario político actual, el documento endureció el tono y apuntó directamente contra dirigentes del oficialismo y de la oposición. Allí expresaron: “Por eso denunciamos que hoy los continuadores del horror personificados en Milei, Macri, Bulrich y Caputo intentan retroceder el reloj de la historia. Repudiamos enérgicamente sus intentos de indulto y los discursos de de reafirmación del genocidio dictatorial que algunos confunden con el negacionismo y que intenta relativizar el horror para liberar a los asesinos y legitimar la violencia contra el pueblo.”.

Finalmente, el texto cerró su desarrollo con denuncias sobre persecución política, judicialización y castigo a dirigentes, en una lectura que ligó esas prácticas con mecanismos de disciplinamiento. En ese sentido, sostuvieron: “Algunos ejemplos que son categorías que han convertido en herramientas de dominación y con las cuales convivimos día a día. La persecución política, la misma se ha convertido en sistemática contra figuras centrales como Cristina Fernández de Kirchner. Es un intento de decapitar la soberanía popular y proscribir el destino de la nación.”. Y completaron: “El castigo a dirigentes, la situación de Milagro Sala, Julio de Bido y otros dirigentes revela el esquema de escarmiento para quienes construyeron la dignidad. La justicia y saqueo, el sistema judicial cubre los atropellos del gobierno actual garantizando impunidad para los saqueadores de guante blanco”.