Inmobiliarias santacruceñas proponen cambios al proyecto del Colegio de Martilleros
La Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas, que asegura representar a cerca del 90% de las oficinas inmobiliarias de la provincia, cuestionó el Proyecto de Ley N.º 367/2024 y reclamó una instancia de diálogo participativo. Advirtió sobre posibles impactos jurídicos, económicos y territoriales.
La Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS) solicitó formalmente a la Cámara de Diputados de Santa Cruz que suspenda el tratamiento en comisiones del Proyecto de Ley N.º 367/2024, que propone la creación del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia hasta que se genere una instancia de diálogo con los distintos actores del sector inmobiliario.
La entidad sostuvo que nuclea a cerca del 90% de las oficinas inmobiliarias que funcionan en Santa Cruz y afirmó que la iniciativa no cuenta con el consenso de todo el sector. En ese sentido, señaló que participó de instancias previas de trabajo, donde presentó observaciones y propuestas, pero aclaró que no existió ningún acuerdo institucional que habilitara a presentar el proyecto como consensuado por la actividad inmobiliaria en su conjunto.
Desde la ACIS remarcaron que la Asociación Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Cruz representa a sus colegiados, pero consideraron que no cuenta con la representatividad necesaria para adoptar decisiones que afecten a la totalidad de las oficinas inmobiliarias que desarrollan su actividad en la provincia.
La asociación cuestionó además que la regulación profesional pueda extenderse al conjunto de la actividad comercial inmobiliaria y que se pretenda condicionar el funcionamiento del rubro a la posesión de una determinada titulación profesional.
Cuestionamientos jurídicos
Entre los principales argumentos planteados por la ACIS aparecen cuestionamientos vinculados con la libertad de trabajar y asociarse.
La entidad sostuvo que establecer una colegiación obligatoria sobre toda la actividad inmobiliaria y condicionar su ejercicio a una titulación específica podría vulnerar derechos contemplados en el artículo 14 de la Constitución Nacional y el principio de razonabilidad establecido en el artículo 28.
También planteó que imponer nuevas exigencias de titulación o matriculación a locales comerciales que ya se encuentran legalmente constituidos podría desconocer derechos adquiridos y afectar el principio de irretroactividad de la normativa.
Advierten por el impacto en las pymes del interior
La ACIS manifestó además su preocupación por el impacto económico que podría generar la aprobación del proyecto en sus términos actuales.
Según la entidad, la matriculación obligatoria, los requisitos de titulación, los aranceles y las nuevas cargas administrativas podrían afectar especialmente a pequeñas y medianas empresas y emprendimientos familiares del interior provincial.
En ese sentido, advirtió que Santa Cruz presenta realidades sociales y territoriales diferentes y que la aplicación de requisitos uniformes podría generar dificultades para los comercios de menor escala.
La asociación señaló que, de avanzar la iniciativa sin contemplar esas diferencias, podrían producirse cierres de establecimientos, pérdida de puestos de trabajo y una mayor concentración de la oferta inmobiliaria en las principales ciudades.
La propuesta de la ACIS
Frente a esta situación, la asociación informó que elaboró un proyecto propio basado en su experiencia operativa y territorial, con el objetivo de integrar a las inmobiliarias de toda la provincia.
La entidad sostuvo que acompaña la capacitación permanente, la transparencia del mercado y el resguardo de los consumidores, pero consideró que la jerarquización de la actividad no debe lograrse mediante restricciones que excluyan a quienes no poseen una determinada titulación.
Para la ACIS, cualquier regulación debe surgir de un proceso legislativo plural, con participación de los distintos sectores y con reconocimiento de las particularidades existentes en cada localidad.
Los siete pedidos a la Legislatura
En este marco, la Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas anunció que solicitará a la Cámara de Diputados:
- Suspender el tratamiento del Proyecto de Ley N.º 367/2024 en las comisiones asesoras hasta que se desarrollen instancias de diálogo.
- Convocar a una mesa de trabajo formal, pública y participativa con representantes del sector inmobiliario.
- Excluir expresamente la actividad comercial inmobiliaria del proyecto y limitar sus disposiciones al ejercicio profesional de martilleros y corredores públicos.
- Garantizar los derechos adquiridos de las inmobiliarias actualmente establecidas y de quienes ejercen legalmente la actividad.
- Incorporar al expediente legislativo la postura y la propuesta alternativa elaborada por la ACIS.
- Otorgar a sus representantes un espacio para exponer su posición ante la Comisión de Legislación General y los bloques parlamentarios.
- Crear por ley dos colegios profesionales separados: uno de Martilleros y Corredores Públicos, sin injerencia sobre la actividad inmobiliaria, y otro de Corredores Inmobiliarios.
Sobre este último punto, la asociación señaló que existen 14 jurisdicciones del país donde los colegios profesionales se encuentran separados, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.
Desde la ACIS insistieron en que una normativa que alcance a todo un sector comercial debe contar con la participación de las entidades que representan a sus integrantes.
Finalmente, la asociación sostuvo que busca una regulación basada en el consenso, la razonabilidad y la representatividad efectiva. En caso de que el proyecto sea sancionado sin contemplar sus planteos, dejó planteada la posibilidad de recurrir a las vías institucionales y judiciales para cuestionar la constitucionalidad de la norma.