Impulsan una ley para actualizar el canon hídrico industrial

El proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Román Peralta tomó estado parlamentario en la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz y propuso actualizar el canon por uso, extracción y aprovechamiento de aguas públicas destinado a actividades industriales, extractivas y mineras de carácter intensivo, además de crear un fondo específico para financiar obras de infraestructura y seguridad hídrica en la provincia.

La iniciativa lleva por nombre Actualización Ambiental del Canon Hídrico Industrial y Creación del Fondo Provincial de Infraestructura y Seguridad Hídrica, y plantea la implementación de una “Escala Ecológica Progresiva” como norma complementaria y modificatoria del régimen de cánones previsto en la Ley Provincial N° 1.451, correspondiente al Código de Aguas.

El texto establece que la autoridad de aplicación, el Consejo Agrario Provincial o el organismo que lo reemplace, deberá fijar anualmente el valor base del canon hídrico industrial para los sujetos alcanzados. Sobre ese valor se aplicaría el “Régimen de Promoción Hídrica Ambiental”, con bonificaciones diferenciadas según el origen y la sustentabilidad del recurso utilizado.

En el caso del uso de agua subterránea proveniente de acuíferos, el proyecto fija el pago del 100% del canon base, sin derecho a bonificación, por su valor estratégico como reserva de agua dulce y su baja tasa de recarga. Para el uso de agua superficial, como ríos y lagos, prevé una bonificación de hasta el 40%, supeditada al cumplimiento del caudal ecológico y de los planes de manejo aprobados por la autoridad competente.

La propuesta también incorpora una bonificación de hasta el 100% para quienes utilicen agua de mar desalinizada o agua recirculada proveniente de efluentes tratados. Según el articulado, el objetivo es incentivar la inversión tecnológica y promover una reconversión de la matriz hídrica industrial en la provincia.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la exigencia de instalar caudalímetros digitales inviolables y sistemas de telemetría en todos los puntos de extracción habilitados de empresas mineras, hidrocarburíferas e industriales de uso intensivo. Esos sistemas deberán transmitir en tiempo real los volúmenes consumidos a los centros de monitoreo de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos.

La iniciativa crea además el “Fondo Fiduciario Provincial de Infraestructura y Seguridad Hídrica”, al que se transferiría de forma directa, automática e intangible el 100% de los fondos recaudados por el canon de uso de agua pública correspondiente a las actividades alcanzadas. El proyecto dispone que esos recursos dejen de ingresar a Rentas Generales.

El fondo tendría una Comisión Fiscalizadora integrada por un representante de cada bloque político con representación en la Legislatura provincial. Esa comisión contaría con facultades de auditoría, acceso a los estados contables y seguimiento del plan de obras, con la obligación de emitir un informe de gestión semestral de carácter público.

En materia de distribución territorial, el proyecto establece que un mínimo del 80% de los recursos del fondo deberá destinarse de manera prioritaria a la proyección, licitación, construcción, mantenimiento y ampliación de plantas de ósmosis inversa, acueductos, redes de distribución y obras de saneamiento en localidades de la Zona Norte, entre ellas Caleta Olivia, Puerto Deseado, Pico Truncado, Las Heras, Los Antiguos, Perito Moreno, Cañadón Seco, Jaramillo y Fitz Roy.

El 20% restante podría utilizarse para contingencias, estudios hidrogeológicos y obras hídricas estratégicas en el resto de Santa Cruz. La propuesta prohíbe expresamente el uso de esos fondos para el pago de salarios, viáticos o cualquier otro gasto corriente de la administración pública provincial o municipal.

El proyecto también incorpora una cláusula vinculada a la estabilidad fiscal. En ese sentido, determina que las disposiciones sobre la “Escala Ecológica Progresiva” y la actualización de los valores del canon hídrico industrial no afectarán derechos adquiridos ni la estabilidad fiscal de empresas inscriptas en el régimen de la Ley Nacional N° 24.196 de Inversiones Mineras, siempre que cuenten con certificado vigente al momento de la promulgación de la norma.

En los fundamentos, la iniciativa señala que la propuesta responde a la emergencia hídrica estructural que atraviesa la Zona Norte y a la necesidad de administrar los recursos naturales con criterios de justicia social, soberanía jurídica y sustentabilidad. Allí se plantea que localidades como Caleta Olivia, Puerto Deseado, Las Heras o Pico Truncado padecen cortes constantes de suministro, mientras actividades extractivas de gran escala consumen volúmenes extraordinarios de agua dulce.

El texto fundamenta la iniciativa en el acceso al agua potable como derecho humano esencial y en el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. También sostiene que la actualización del canon no busca una finalidad recaudatoria aislada, sino resguardar un bien provincial finito y promover una lógica de fomento para que las empresas inviertan en tecnologías como plantas desalinizadoras, circuitos cerrados y sistemas de recirculación.

Además, el proyecto plantea sentar las bases de una Economía Circular del Agua en el sector industrial, incentivando el uso de agua de mar y el reuso de fluidos industriales para reducir la presión sobre fuentes de agua dulce superficial y profunda. También remarca que el monitoreo digital en tiempo real permitiría fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado y transparentar los datos de extracción hídrica en la provincia.