Grasso dijo que el proyecto traía cambios que nunca funcionaron

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se refirió a la polémica generada por el proyecto de emergencia económica presentado en la Legislatura de Santa Cruz, luego de la sesión atravesada por manifestaciones gremiales y un posterior cuarto intermedio. En declaraciones radiales al programa La Bisagra, el jefe comunal cuestionó la iniciativa y señaló que el texto planteaba modificaciones de fondo que afectaban a trabajadores activos y jubilados.

Grasso señaló que el tratamiento del proyecto estuvo rodeado de maniobras políticas y sostuvo que existió una intención de que la iniciativa tomara estado parlamentario rápidamente.

“Creo que hubo un intento de filtrar a propósito lo anterior para que se viralice y se le escapó. Creo que era el efecto sorpresa: que tome rápido estado parlamentario para que se pueda después avanzar. Creo que lo van a avanzar igual, más adelante”, afirmó.

El intendente también advirtió que la propuesta incluía modificaciones profundas en el sistema previsional y en las condiciones laborales del sector público provincial. “Lo que nos preocupaba era la violencia para poder ir a atacar a todos por igual, no solamente al que está por jubilarse o que se va a jubilar activo, sino también al jubilado. Esto es la movilidad, sacar la movilidad del trabajador”, expresó.

En ese sentido, indicó que el proyecto incorporaba mecanismos ya aplicados en otras etapas del país sin resultados favorables, como los retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas. “Eran cambios muy profundos y también los retiros voluntarios, las jubilaciones anticipadas, algo que ya lo hemos vivido en Argentina y que no dio resultado nunca. Son recetas traídas para poder conseguir vaya a saber qué del gobierno nacional al nivel provincial, a espaldas de que crezca la economía, de que crezca el trabajador, de que se fortalezca el empleo público para que de esa forma crezca el privado”, sostuvo.

Además, remarcó que el contexto económico requiere políticas que incentiven la producción y el desarrollo de los comercios locales. “Tiene que haber políticas públicas para que el comerciante tenga mayor oxígeno, para que pueda estar en mayor producción, empezar a ejecutar la producción y no solamente que sea un discurso”, señaló.

En relación con la protesta social registrada frente a la Legislatura, el jefe comunal destacó el rol de los gremios y sectores políticos que se movilizaron. “También fue un parate que hicieron los gremios, los trabajadores y simpatizantes de diferentes sectores políticos que quisieron manifestarse para poder detener este atropello”, planteó.

Grasso también cuestionó la postura de algunos dirigentes oficialistas que previamente habían negado la existencia del proyecto. “Decir a los diputados del oficialismo que también los engañaron. Muchos salieron a decir que no estaba ese proyecto y fue presentado y tomó estado parlamentario. Entonces una cosa es lo que decimos y otra lo que hacemos”, expresó.

En ese marco, consideró que esa situación generó un fuerte desgaste en la credibilidad política de algunos dirigentes.

“Muchos dirigentes y diputados oficialistas dijeron algo que pensaron que no iba a ser así y cuando fue presentado la credibilidad política de esas personas quedó por el piso”, afirmó.

El intendente insistió en que la falta de claridad política y de comunicación contribuyó a generar el conflicto institucional y social que se vio reflejado durante la jornada legislativa.

“Si no tenemos una buena comunicación, si no explicamos y no somos claros en lo que queremos ejecutar, los que hacemos política y estamos al frente de diferentes sectores generamos este tipo de inconvenientes”, sostuvo.

En ese contexto, planteó que la discusión sobre las condiciones económicas y laborales debe darse mediante diálogo y acuerdos entre el Estado y los gremios.

“Hay que tener otra visión, convocar, discutir y ponernos de acuerdo. Históricamente en la ciudad de Río Gallegos el gremio estuvo enfrentado con el Ejecutivo. Cuando nos sentamos para poder lograr un sistema que perdure en el tiempo para discutir paritarias y sostener la economía, lo hemos logrado”, indicó.

Asimismo, vinculó la situación provincial con decisiones económicas del ámbito nacional y su impacto en la economía cotidiana.

“Viene un gobierno nacional y provincial que ajusta a la capital de Santa Cruz. Le saca plata al kiosquero, al verdulero, al taxista, al remisero, al trabajador, al que paga impuestos”, manifestó.

En esa línea, describió un escenario de deterioro del poder adquisitivo de la población frente al aumento de tarifas y tributos.

“Después te suben la luz, te suben el gas, te suben los aportes tributarios, te suben el monotributo y tenés que pagar cada vez más con menos dinero”, expresó. Grasso también cuestionó la falta de un rumbo económico claro en la provincia y sus efectos sobre la población.

“Hoy el problema del gobierno es no saber cuál es el rumbo y que en la improvisación se lleva puesto a todos los habitantes de la provincia de Santa Cruz”, afirmó. En el plano previsional, el intendente defendió la continuidad del sistema provincial administrado por la Caja de Previsión Social y planteó que cualquier modificación debe pensarse hacia el futuro.

“Primero hay que definir qué sistema previsional vamos a tener y que siga siendo el de la Caja de Santa Cruz. La armonización no viene por recortar a los jubilados o a los que aportaron”, sostuvo. En relación con la distribución de recursos dentro de la provincia, remarcó que Río Gallegos es uno de los distritos con menor ingreso per cápita por coparticipación.

“Muchos hablan de modificar la coparticipación y estoy de acuerdo, pero el que menos plata recibe por habitante en la provincia de Santa Cruz es Río Gallegos. Somos los que menos plata per cápita reciben”, indicó. Finalmente, también cuestionó decisiones recientes del gobierno provincial vinculadas al reparto de fondos y a la administración financiera del Estado. “Fueron 20 millones de pesos que se dieron de forma arbitraria a todos los municipios de la provincia menos a Río Gallegos. También hicieron anuncios de obras con esa plata, firmaron convenios con todos los municipios. Esa plata no está más, se la gastaron”, afirmó.

Además, advirtió sobre el impacto del endeudamiento aprobado por la Legislatura y la falta de información sobre el destino de los recursos  “Ese endeudamiento no rinde cuentas, no se coparticipa y no se sabe cómo lo van a hacer ni cómo lo van a distribuir. Además lo paga la próxima generación, el próximo gobierno”, sostuvo.

En ese sentido, concluyó que la provincia enfrenta un escenario económico complejo y reclamó mayor transparencia en la administración de los fondos públicos.