Fernando Zanetta: “El cambio es bastante profundo”

En diálogo con La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el juez Fernando Zanetta señaló que la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil el próximo 5 de septiembre tendrá un impacto significativo.

“El cambio que va a provocar la Ley 27.801 es bastante profundo. Lo más importante es el tema de la baja de la edad de punibilidad. Esto significa que, a partir del sábado, empiezan a ser punibles y pueden ser sometidos a proceso penal los adolescentes a partir de los 14 años. Hasta hoy, eran punibles a partir de los 16”, explicó.

Zanetta remarcó que “el cambio es muy grande porque la franja etaria de 14 a 16 engloba a 2.200.000 personas aproximadamente a nivel país”.

Sin embargo, cuestionó la necesidad de reducir la edad de punibilidad al considerar que “la incidencia de esta franja de jóvenes en la comisión de delitos graves es muy baja”. “Es un 1%, entonces no justificaba el cambio de la baja de la edad”, afirmó.

Además, sostuvo que la decisión resulta contraria a las recomendaciones de los organismos internacionales vinculados a los derechos de niños y adolescentes.

“Nosotros incorporamos a nuestra Constitución la Convención de los Derechos del Niño. Esa Convención, junto a otros tratados que están incorporados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, tienen rango constitucional”, explicó.

Y agregó que “la Convención de los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos del Niño permanentemente están recomendando a los países que no se baje la edad de punibilidad”.

La ley no será retroactiva

Zanetta aclaró que el nuevo régimen no tendrá efectos sobre hechos cometidos antes de su entrada en vigencia.

“La ley no es retroactiva. Si un adolescente de 15 años comete un delito grave el viernes 4, sigue siendo no punible. A partir del sábado 5, recién ahí empiezan a ser punibles los adolescentes a partir de los 14”, explicó.

Todos los delitos quedarán incluidos

Otro de los cambios que destacó el juez es que, a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, “todos los adolescentes a partir de los 14 años son punibles por todos los delitos, así sea un delito muy leve”.

Según explicó, con el régimen anterior, determinados delitos con penas inferiores a dos años no alcanzaban a adolescentes de 16 años. Entre ellos mencionó casos de daño, hurto o amenazas.

A partir del sábado, si un adolescente de 14 años agrede físicamente a otro de la misma edad y se realiza una denuncia, “se debería investigar la causa como un delito”.

No obstante, Zanetta aclaró que la privación de la libertad continuará siendo una medida excepcional.

“Es el último recurso que utilizamos nosotros y tiene que ser ante la comisión de un delito gravísimo o una reiterancia delictiva importante”, expresó.

Para los delitos leves, señaló que existen otras herramientas dentro del sistema judicial. “Nosotros vamos hacia la justicia restaurativa, quiere decir que vamos a tratar de que el adolescente reconozca el hecho, reconozca que cometió un delito, que cometió un error y pueda reparar el daño en la medida de lo posible”, explicó.

Entre las alternativas mencionó la suspensión de juicio a prueba, la mediación y la reparación integral del daño.

“Todo empieza en la familia”

Consultado sobre el rol de las familias en las conductas de los adolescentes, Zanetta sostuvo que existe un trasfondo social detrás de muchos casos.

“Acá todo empieza en la familia. Generalmente, cuando un adolescente comete delitos reiterados o incurre en inconductas, siempre detrás hay una familia disfuncional. O el padre no está o por ahí está la madre con tres o cuatro chiquitos y tiene que salir a trabajar y están los chicos todo el día solos”, manifestó.

Por este motivo, aseguró que el abordaje de la Justicia Penal Juvenil no debe orientarse a la criminalización de la niñez o la adolescencia.

Zanetta señaló que actualmente se encuentran realizando trabajos con alumnos, padres y docentes y remarcó la importancia del rol de los adultos. “Es fundamental, la preocupación pasa por la familia. Los padres son los que tienen que dar el ejemplo”, sostuvo.

Por otra parte, señaló que el nuevo Régimen Penal Juvenil contempla la responsabilidad civil de los padres por los daños ocasionados por sus hijos.

Bullying, redes sociales y posibles delitos

Zanetta aclaró que el bullying, por sí mismo, no constituye un delito aunque puede derivar en conductas que sí están contempladas penalmente como “una amenaza, un abuso sexual, una lesión”.

También se refirió a la importancia de las redes sociales y al rol de los adultos en el acompañamiento de niños y adolescentes.

Como ejemplo, mencionó las pintadas realizadas en establecimientos educativos vinculadas a amenazas de tiroteos, que, según explicó, surgieron a partir de un reto viral que se replicó en distintas provincias.

“Muchos de esos chicos que participaron en esas pintadas muchas veces no saben que están ante la comisión de un delito. Eso es una clara intimidación pública, que es un delito bastante grave”, señaló.

Por este motivo, sostuvo que los adultos deben tener un determinado control sobre las actividades de los adolescentes en las redes sociales.

“No digo que les prohíban usar las redes sociales, pero tienen que tener un cierto control de qué hacen los chicos en las redes sociales”, manifestó.

Dificultades para aplicar la ley en Santa Cruz

Finalmente, Zanetta se refirió a la situación de Santa Cruz ante la entrada en vigencia del nuevo régimen y advirtió sobre dificultades de infraestructura y legislación.

El juez explicó que en Río Gallegos existe un dispositivo penal para adolescentes ubicado en la calle Córdoba. “El problema que tenemos es que es el único dispositivo de toda la provincia”, apuntó.

Por tal motivo, los jueces del interior que deban disponer la privación de la libertad de un adolescente deberán trasladarlo a la ciudad capital. También indicó que se analiza la construcción de un nuevo lugar en Caleta Olivia o Las Heras para cubrir la zona norte.

Zanetta advirtió, además, que la ley establece expresamente que los adolescentes no pueden ser alojados junto a personas adultas y señaló que la baja de la edad de punibilidad podría incrementar la cantidad de adolescentes detenidos.

Asimismo, sostuvo que existen dificultades vinculadas al financiamiento y a la adecuación de la legislación provincial.

“Fundamentalmente, acá en Santa Cruz nosotros estamos atrasados en cuanto a legislación”, afirmó.

El juez explicó que existe un conflicto entre la nueva ley y el Código Procesal Penal vigente, ya que para privar de la libertad a un adolescente debería aplicarse una prisión preventiva, mientras que el artículo 298 del Código Procesal Penal prohíbe expresamente imponer esa medida a adolescentes. “Entonces, hay conflicto de leyes”, señaló.

“Vamos a tener que ver cómo nos arreglamos con todas esas cuestiones y cómo aplicamos la ley. En parte se va a poder aplicar y en parte no”, advirtió.

Por último, destacó el rol que deberán cumplir las defensorías, los fiscales y los jueces para resolver las dificultades que plantea la nueva normativa.

“Es central, no solamente los defensores de niños, niñas y adolescentes sino también la parte de los fiscales. Es importantísimo”, sostuvo.

Y concluyó que el objetivo debe ser trabajar de manera articulada “siempre en pos del bienestar de los adolescentes, tanto víctimas como victimarios”.